Dos días después de que el presidente Jimmy Morales despertara a la nación con un video en el que declaró "non grato" al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y ordenó la inmediata expulsión del colombiano, la Corte de Constitucionalidad (CC) le "rectificó la plana".
La tarde de este 29 de agosto, el pleno de magistrados dio a conocer su decisión de suspender, en definitiva, la resolución del mandatario debido a que la misma "carece de las solemnidades formales que la Constitución" prescribe para su validez.
La resolución, que se fundamentó en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, señala que Morales incumplió el artículo 182 de la Constitución que requiere el refrendo de uno o más ministros.
El pleno de magistrados también advirtió incongruencias en las fechas del documento que formaliza la decisión del presidente y añade que el mismo, por ser unilateral, desatiende el artículo 12 del Acuerdo de Establecimiento de la CICIG, que refiere que toda controversia se resolverá por negociación entre ambas partes.
La CC agrega que el gobernante fundamentó, sin que guarde relación, su decisión en el inciso "P" del artículo 183 de la Constitución que comprende el recibimiento y retiro de las patentes a los cónsules.
El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, destacó que el presidente incurrió en un acto ilegal al hacer la declaratoria sin el refrendo de sus ministros y que estaría sumando delitos al buscar rectificar la medida, pues sería una clara obstrucción a la justicia.
El presidente @jimmymoralesgt al pueblo de Guatemala informa: pic.twitter.com/1GkUtxy3li
Carlos Molina Mencos, constitucionalista, destaca que la carta de Jimmy Morales fue "hecha con las patas", por lo que la decisión del pleno está apegada a Derecho.
La investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Celia Luna, dijo que, si bien se debe esperar el pronunciamiento de Morales, se espera que él mantenga su postura de acatar cualquier resolución de la CC, ya que la decisión no es susceptible de amparo.
Luna añadió que aunque se prevé que Velásquez continúe al mando de la CICIG, se evidenció el divorcio entre el organismo y el Ejecutivo, por lo que sería importante promover una instancia de diálogo.
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Respecto a la polarización que la medida ha provocado en la población, Luna agregó que sería coherente que quienes apoyan al presidente también respalden la decisión del funcionario de acatar lo dictado por la CC.
El amparo que que respalda la permanencia de Velásquez en el país fue interpuesto por Jordán Rodas, en su calidad de procurador de Derechos Humanos. En el mismo, el pleno de magistrados ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil abstenerse de expulsar al colombiano.
Cabe destacar que la resolución contó con tres votos a favor: los de los magistrados Francisco De Mata Vela, Gloria Porras y Boanerge Mejía. En tanto que Dina Ochoa y Neftaly Aldana fueron disidentes.
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