Abogados de la Asociación Amigos del País interpusieron una acción de amparo con la que se busca frenar la consulta popular que permitiría a un tribunal internacional establecer el diferendo entre Guatemala y Belice.
Lionel Toriello Nájera, presidente de la Asociación, explicó que el planteamiento de la consulta tiene varias inconsistencias. "Está basada en un acuerdo especial que viola mandatos constitucionales, ya que permite a un tribunal internacional decidir sobre el territorio nacional", manifestó.
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La consulta popular está programada para este 15 de abril, luego de que el Congreso autorizó impulsarla. Con ello se pondría fin a un diferendo territorial que viene desde 1821.
De acuerdo con Toriello Nájera, "los negociadores del acuerdo que permite la consulta popular cometieron abuso de autoridad" y criticó que "las negociaciones se hayan hecho en la oscuridad y a espaldas de la población".
Si en la consulta popular los guatemaltecos coinciden en enviar el tema a un tribunal internacional, éste se conformará con magistrados de la Organización de Naciones Unidas, quienes decidirán también sobre el 20% del territorio del que se carece de documentos de propiedad.
Según el abogado, los negociadores "no previeron incluir en el acuerdo que para la integración de este tribunal, debe excluirse a magistrados que hayan nacido en países de la mancomunidad británica o en México", ya que los primeros tienen intereses directos, y con los segundos ha habido históricamente problemas limítrofes.
"El acuerdo se basó en preceptos que no favorecen a Guatemala", lamentó el presidente de la Asociación Amigos del País.
Soy502 trató de consultar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no respondieron las llamadas.
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