La diputada Sandra Jovel criticó la gestión de Bernardo Arévalo y rechazó que haya recibido problemas heredados de gobiernos anteriores.
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Una discusión que se ha extendido por horas en el Congreso, acerca de la ratificación de un estado de calamidad, ha servido como escenario para que diputados opositores arremetan contra el Gobierno.
Uno de ellos ha sido la excanciller Sandra Jovel, quien, además de rechazar que la administración de Bernardo Arévalo haya heredado problemas, acusó a las autoridades de estar convirtiendo a Guatemala en un "tercer país seguro".
La legisladora refirió que recientemente el Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo para beneficiar a refugiados extranjeros en el país, a quienes se les brindarían apoyo, como la posibilidad de trabajar en el territorio.
"Eso sí es un tercer país seguro", remarcó Jovel, y pidió congresistas del oficialismo dirigirse con respeto hacia ella y sus compañeros.
Jovel también dijo que la administración de Arévalo está convirtiendo a Guatemala en un "tercer país seguro", por firmar un convenio que apoyaría a refugiados
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No heredaron problemas, dice
Previamente, varios diputados independientes se habían pronunciado sobre supuestas anomalías en los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, lo cual provocó la respuesta de la parlamentaria.
"Ningún presidente y ningún alcalde hereda problemas. Culpar a predecesores es la salida más fácil y mediocre de los malos gobiernos", manifestó.
Según la diputada Sandra Jovel, el presidente @BArevalodeLeon no heredó ningún problema del gobierno de Alejandro Giammattei pic.twitter.com/kCVVYxa6nG
¿Qué es un tercer país seguro?
El término tercer país seguro cobró relevancia en el país durante la administración de Jimmy Morales, cuando Sandra Jovel fungió como ministra de Relaciones Exteriores.
En julio de 2019, ese gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos, el cual establecía que los migrantes que pasaran por Guatemala pudieran solicitar asilo, en lugar de continuar hacia aquella nación del norte.
Según se dijo en aquel entonces, eso frenaría el flujo de migrantes irregulares hacia el territorio estadounidense. Sin embargo, la medida generó el rechazo de diversos sectores, debido a sus implicaciones.
Por ello se emprendieron varias acciones legales, incluso, ante la Corte de Constitucionalidad. El convenio llegó a su fin en febrero de 2021, por decisión de autoridades de aquella nación.
