Algunos analistas y monitores de los procesos de postulación de candidatos, no ven con buenos ojos que la elección del CSU para elegir al representante titular y suplente de la CC por la USAC y pueda superar los vicios para su realización.
OTRAS NOTICIAS: CSU registra 14 expedientes recibidos para ocupar magistratura ante la CC
Para este lunes 16 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU), ha sido convocado para la elegir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Universidad de San Carlos (USAC), sin embargo, lo anterior no ha sido del agrado de quienes consideran que esta elección, con los aparentes vicios de integración, podrían empañar la conformación de la magistratura para el período 2026-2031.
Esto ha dado lugar que a alguno voces califique el proceso de elección promovido por la USAC como cuestionable, lamentable y complejo, la situación que atraviesa la máxima casa de estudios, pues aseguran que falta un pronunciamiento oficial que despeje la duda de la integración legal o no del CSU.

El análisis
María Isabel Bonilla, investigadora asociada del Centro de Investigación y Estudios Naciones (CIEN), cuestionó si en este momento, "es válida o legítima la conformación del CSU", e indicó que hay dudas entre quienes monitorean estos procesos y en la población.
Aseguró que, ante esta incertidumbre, el punto toral de este tema esta en resolver este vacío, sin embargo, no es posible pedir que se dé, porque tampoco existe un "pronunciamiento claro final que esclarezca este punto", puntualizó.
Explicó que, se arranca con una duda de fondo en este proceso, porque si no se toma la decisión de elegir, sería un contrasentido, pues la corte podría quedar integrada por personas que, al final pudieron haber sido electas de manera no transparente y la consecuencia inmediata sería una serie de impugnaciones.
Esto mismo fue señalado por el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, quien advierte que "todos exigimos transparencia y pureza en los procesos", y refirió que en el caso del CSU existen "varios pelos de la sopa", y es que el tiempo de ejercicio de algunos consejeros ya venció.
Agregó que lo que explica no es algo que pueda decir que así puede ser, sino es un planteamiento basado en lo que la CC, "así se los hizo ver", por lo tanto, se debe cumplir lo señalado por el órgano máximo en materia constitucional.
Además, comentó que en estas condiciones, los fallos de la corte se deben cumplir y se llegará al 14 de abril, fecha en el que deben entregar el cargos los actuales magistrados constitucionales.
También indicó que llama la atención que la CC aún no haya efectuado ningún reparo por no acatar el fallo indicado desde hace varios meses por la CC, organismo que ratificó un amparo vigente que establece que se debe renovar al CSU,

Esto opinan los monitores
Aunque comparte lo expresado por los anteriores analistas, Lourdes Pérez, del equipo de monitoreo de Impunity Watch, cree que este tema lo que permite es visibilizar los intereses que se intentan ocultar, pues efectuar una elección con un poco más de 23 integrantes del CSU con cargos vencidos "es una alarma que no se puede ignorar".
Mencionó también que preocupa la forma en la que se ha desarrollado el proceso en la USAC, particularmente porque ha sido, según su criterio, muy poco transparente, público y abierto a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Por su parte, Mónica Marroquín, integrante de Guatemala Visible, unas de las organizaciones que han monitoreado proceso de nominación desde el 2009, cree que este es un proceso no sólo complejo, sino por serios cuestionamientos de legalidad.
Agregó que este proceso se ha reducido a 21 días sin sesiones públicas para la toma de decisiones, tampoco se elaboró el perfil del magistrado que se busca, ni se acordó un proceso de entrevistas.
Marroquín señaló que existe una acción de amparo vigente, ratificado por la CC para renovar el CSU, pero existe un evidente incumplimiento. Sin embargo, señala que este lunes esperan que prive la sensatez y objetividad de los consejeros que emitirán su voto.




