Mientras a nivel internacional se sugiere prudencia debido a la extrema volatilidad de las criptomonedas, las autoridades monetarias del país mantienen una postura vigilante, priorizando la seguridad del usuario.
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El sistema financiero global atraviesa una transformación sin precedentes, impulsada por una digitalización acelerada y una creciente desconfianza en las estructuras bancarias tradicionales.
Sin embargo, en el corazón de la economía guatemalteca, la postura oficial es de una prudencia absoluta en el sentido de que el Bitcoin no es dinero en el sentido estricto y funcional de la palabra, sino un instrumento volátil destinado primordialmente a la especulación financiera.
Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), ha sido enfático al señalar que el uso de estas tecnologías en el país es todavía un fenómeno periférico que carece de las garantías fundamentales que ofrece la banca central a los ciudadanos.
Esta visión de cautela desde la máxima autoridad monetaria del país no es aislada, sino que resuena con los análisis de gigantes financieros como JP Morgan Private Bank.
En sus informes más recientes, la institución advierte que, aunque el ecosistema de activos digitales está madurando, el Bitcoin no se recomienda todavía como una asignación principal en las carteras de inversión.
Realidad contra la narrativa digital
Para el guatemalteco promedio, el Bitcoin suele presentarse en las redes sociales como una oportunidad de riqueza instantánea, pero las cifras cuentan una historia diferente.
Según los datos analizados por el Banguat, solo aproximadamente el 4% de la población mundial posee este activo.
A pesar del ruido mediático, su función como "dinero" real —es decir, como un medio de cambio aceptado universalmente para comprar bienes básicos— es casi inexistente, limitándose a experimentos estatales en países como El Salvador y la República Centroafricana.
En Guatemala, su presencia es tan marginal que no tiene la capacidad de influir en la política monetaria nacional, operando bajo un esquema de inversión especulativa donde el valor se basa en la expectativa de encontrar a alguien más que pague un precio mayor en el futuro, según el presidente del Banguat y de la JM.
González Ricci explica que una de las mayores debilidades del Bitcoin para el usuario común es su naturaleza descentralizada. Al no existir una entidad central que respalde las transacciones, no hay a quién acudir en caso de fraude, errores en la transferencia o quiebras de las plataformas de intercambio.
El riesgo es asumido íntegramente por el inversionista. Esta orfandad institucional es lo que JP Morgan identifica como un riesgo considerable: mientras que el oro ha sido un refugio histórico, el Bitcoin ha demostrado ser cuatro veces más volátil que las acciones globales.
La alternativa de la estabilidad
Dentro del debate sobre la modernización del dinero, surge a menudo la interrogante sobre el papel de las criptomonedas en el envío de remesas, un pilar fundamental para miles de hogares en Guatemala.
Sin embargo, la perspectiva de la Junta Monetaria se inclina más hacia las llamadas "stablecoins" o monedas estables, como el Tether. A diferencia del Bitcoin, estas herramientas digitales están vinculadas al valor del dólar estadounidense, lo que elimina el componente de juego de azar que caracteriza a otros activos digitales.
Según la autoridad monetaria, el uso de estas monedas estables para fines de transferencia no afectaría de manera significativa las reservas monetarias del país, siempre que existan los controles adecuados.
Ante este panorama, el Banguat no se queda estático, pero tampoco se apresura a seguir tendencias de moda. La institución ya ha avanzado en el análisis de una posible Moneda Digital de Banco Central (CBDC), pero los resultados indican que Guatemala todavía tiene un margen considerable para mejorar sus sistemas de pago electrónicos actuales antes de dar un salto de esa magnitud.
La prioridad inmediata es el desarrollo de un anteproyecto de ley de medios de pago electrónicos. Esta legislación busca proteger al usuario y garantizar que las diferentes billeteras digitales que operan en el mercado local puedan comunicarse entre sí de manera eficiente y segura, bajo un marco legal que brinde certeza jurídica a las transacciones cotidianas.
Gráfica:
Al 31 de diciembre de 2025 - US$93,429
Al 31 de enero de 2026 - US$91,500
Al 245de febrero de 2026 - US$65,117
