Claudina Velásquez fue asesinada hace más de 20 años y el Estado de Guatemala fue condenado por la CIDH por fallas en la investigación. Actualmente, dos personas enfrentan proceso penal y cinco están prófugas; una de ellas dio su versión a Soy502.
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El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paíz ocurrió en agosto de 2005. A lo largo de 20 años ha sido un caso emblemático, pues dio paso a la creación de la Alerta Isabel Claudina, además de haber sido conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una condena contra el Estado de Guatemala.
El caso se reactivó 20 años después, con allanamientos y órdenes de captura giradas en junio de 2025, pero ha mantenido una reserva judicial que ha impedido conocer las acusaciones contra las nuevas personas implicadas: dos de ellas ligadas a proceso penal y cinco más declaradas en rebeldía y prófugas de la justicia.
Entre las personas que son buscadas por la justicia guatemalteca están integrantes de una familia: una madre (Zully Moreno Barbier) con sus dos hijos (Pedro Julio Samayoa y Eduardo Alejandro Samayoa), un exesposo (Jorge Barahona) y una exnuera (Dalia Liset Palma Herrarte).
Zully Moreno Barbier, la madre, decidió contar a Soy502 lo que ocurrió el día que desapareció Claudina Isabel y cómo han sido estos 20 años, en la mayoría de los cuales figuraban dentro del expediente como testigos y no como acusados.
"Desde hace casi 20 años he vivido en carne propia no solo las secuelas de un hecho profundamente injusto, sino también las consecuencias de la manera en que las instituciones encargadas de la investigación, particularmente el Ministerio Público, han gestionado este caso", inició diciendo Moreno.
"Todo comenzó con el feminicidio de Claudina Isabel Velásquez Paíz, un crimen atroz que conmocionó a este país en general, que debía haber sido investigado con la máxima seriedad, rigor científico y sensibilidad humana. Pero, con el paso del tiempo, este caso se convirtió también en un espejo doloroso de otra realidad", dijo.
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Luego continuó: "Como es una investigación marcada por omisiones, negligencias y falta de transparencia, puede prolongarse durante tantas décadas, revictimizando a familias enteras y, finalmente, convirtiéndose en un mecanismo de persecución. A mí eso me dejó sumamente impresionada porque lo que le voy a contar no solo es una experiencia personal, sino también una denuncia sobre cómo, después de casi 20 años, pasamos de la colaboración inmediata como familia a ser objeto de criminalización".
Posteriormente, explicó que han sido una familia normal, cada uno estudiando o trabajando, y en ningún momento salieron huyendo.
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El día que desapareció Claudina
En su relato, Moreno Barbier recordó cómo fue el 12 de agosto, el día que desapareció Claudina Isabel, pues la víctima y su hijo Pedro Julio, eran amigos y habían ido a una fiesta.
"Yo no tuve la oportunidad de conocer a Claudina. Intento localizar a mi hijo, a Pedro Julio; tenía su teléfono apagado. Lo intento localizar por medio de un amigo; el amigo me dice que no lo vio, que estaba con Claudina. Me comunico al teléfono de Claudina y ella me dice que no está con Pedro Julio, que él se fue para su casa y que estuvieron juntos en una fiesta, y que ella de la fiesta va caminando para su casa. Le pido que si la puedo apoyar, que si yo la llevo para su casa, y me dice que ya va llegando. Entonces, en eso escucho un grito de 'no, no', el cual a mí me asusta de manera tremenda y me siento aterrorizada", detalló.
Dijo que al escuchar los gritos de Claudina se asustó, llamó a su ex esposo, a su hijo Eduardo y a su ex nuera.
"Entonces pues yo me asusto tanto, me dirijo a la casa de los papás, toco el timbre, espero, salen los padres uno detrás del otro, me identifico, ellos sacan su vehículo, nos dirigimos juntos a una colonia que está bastante cercana y vamos a la búsqueda", recordó.
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Aseguró que su actuación fue de apoyo y solidaridad. Fueron juntos a buscar a Claudina al lugar de la fiesta y hacen varias llamadas a Pedro Julio.
"Fuimos al lugar de la fiesta que ella me mencionó, pero cuando nosotros bajamos de la casa y salimos con mi exesposo, mi exnuera y mi hijo en la búsqueda, vimos subir a Pedro para la casa (...) Les sugerí que llamaran a la Policía. Llaman a la Policía y les digo: nosotros vamos a seguir buscando. Seguimos buscando cuando una patrulla de la Policía Nacional Civil nos detiene y nos dicen: ¿qué están haciendo ustedes por aquí? Los señores ya habían llamado a la Policía en el lugar de la fiesta y nosotros seguimos apoyando. Cuando les decimos que estamos buscando a una niña que está desaparecida y que no la encontramos, nos dijeron: esa denuncia ya fue puesta, ustedes diríjanse a su casa porque están corriendo peligro", detalló.
Luego, recordó que se fueron para su casa y siguieron en comunicación.
"En su sentencia (de la CIDH) habla que la última persona que tuvo comunicación con la familia fui yo y que mi relato personal fue expresamente reconocido por la Corte y me identifica única y exclusivamente como ZMB, que yo me llamo Julián Moreno Barbier, y hace referencia que tuve comunicación telefónica y que advertí el riesgo inminente que estaba llevándose a cabo, que estaba corriendo un riesgo inminente para la vida e integridad y que acudí de inmediato al domicilio de los padres para alertarlos y activar la búsqueda durante las horas críticas", dijo.
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"Éramos testigos, no sindicados"
Moreno Barbier, dice que no se explica por qué cambiaron de ser testigos a sindicados, cuando durante todo el tiempo colaboraron con la investigación. "Nosotros cuando sucedió esto, apoyamos a la familia Velázquez Paiz", refirió.
"Lo primero que hicimos y la primera persona que se presentó a dar su parte íntima, su ADN, fue Pedro Julio, mi hijo, el cual fue enviado a la Universidad de Granada con el apoyo de la Universidad de Granada de España, porque en Guatemala no existía el Instituto Nacional de Ciencias Forenses", recordó.
Continúo su relado: "era tanto, verdaderamente tanto, el deseo y la necesidad de que esta situación fuera aclarada, que, pues, en ese momento él era un estudiante de derecho que tenía todos los sueños y las aspiraciones, como las teníamos todos los padres de nuestros hijos, y con la inocencia de lo que uno cree que cuando va a colaborar con un Estado, el Estado le va a responder", contó.
Luego, explicó que la prueba salió negativa.
"La prueba sale negativa, Pedro permanece un año arraigado, se pide permiso porque él está convocado a una selección nacional, presenta esa prueba de ADN y regresa hasta como en los ocho meses; él pasa un mes arraigado, pedimos permiso que salga del país a jugar, se regresa, él entra y se regresa, y en todo momento nosotros estamos en Guatemala ayudando y coayudando (sic)", recordó.
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Aseguró que lo que sabe del caso, es por su vivencia y por documentos públicos, porque se ha mantenido bajo reserva, aunque entiende que a partir de la sentencia en contra de Guatemala dictada por la CIDH en 2015, empiezan a cambiar las situaciones.
"Guatemala es condenada en el 2015 y en el 2018 nos empiezan a citar; en el 2018 fue una primera citación para Pedro Julio y en el 2022 una citación para Eduardo, mi hijo mayor", dijo.
Aseguró que en las primeras citaciones sintió un trato hostil por parte de fiscales del Ministerio Público (MP), porque incluso a una citación de 2022 a la que no pudo acudir su hijo mayor por motivos médicos, dicha institución solicitó que un médico forense confirmara la versión.
"A la semana me citan a mí, yo llego a la declaración y empiezan, eran tres fiscales, el fiscal especial, el agente fiscal y el fiscal auxiliar. Entonces, cuando yo llego, en mi caso particular, ingreso a una sala en donde están los tres interrogándome juntos y empecé a sentir una incomodidad porque el fiscal pues,el encargado, el jefe de la fiscalía especial, me empieza a hablar con una voz demasiado fuerte y a enseñarme pedazos de una declaración en donde mi ex esposo había dicho que había llegado a tal hora, a quien después supe que solo había la firma de uno de los fiscales y en mi declaración había la firma solo del auxiliar fiscal, lo cual a mí me llamó la atención, porque no estaba la comparecencia de los tres interrogándonos a nosotros, sino solo la comparecencia del auxiliar fiscal, una cuestión que a mí no me pareció muy transparente desde el punto de vista legal", manifestó.
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Denuncia fiscales
Moreno Barbier recuerda que hubo momentos incómodos, pues los empezaban a tratar de manera hostil, le gritaban y se burlaban de ellos, además porque a los días del fallecimiento de su mamá, los fiscales estaban solicitando información de su divorcio.
Debido a lo anterior, denuncia a tres fiscales por abuso de autoridad ante la Fiscalía de Asuntos Internos del MP.
"Hago esa denuncia y solicito que se les investigue. Entonces cuando llego a la Fiscalía de Asuntos Internos, me dicen que amplíe mi declaración, hago una cita para ampliar mi declaración con mi abogado, resulta que a mí me notifican que desestiman mi denuncia internamente porque el caso se encuentra en reserva. Entonces yo solicito ante un juez, voy y me voy a Torres Tribunales, hago un memorial, ingreso a un memorial, entra a Torres Tribunales, es el memorial en el que yo me opongo de conformidad con el Código Procesal Penal a esa desestimación y un juez lo declara con lugar y pasa a otra fiscalía", relató.
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Luego recuerda que cuando pidió información sobre cómo iba la denuncia interpuesta, le solicitaron llegar el 11 de junio de 2025 para proporcionarle información.
"Sucede que sigo haciendo otras actividades mías, de trabajo y no llego, porque estaba en otras actividades. Resulta que el 11 de junio salen las órdenes de aprehensión y el allanamiento el 12 de junio. Es decir, que a mí me citaron el 11 de junio a las 11 de la mañana para detenerme porque yo me atreví como abogada a venir y denunciar las ilegalidades", comentó.
Es por buscar un culpable
Según Moreno Barbier, mantener el caso bajo reserva es para evitar que los medios de comunicación y la población en general conozcan las imputaciones y también es una violación al derecho de defensa.
Cree que la acusación en contra de ella y su familia, es porque el MP tiene que "dar un responsable", no solo por la sentencia de la CIDH sino porque los delitos prescriben.
"Es importantísimo ver que el MP, obviamente antes de que construyera una narrativa que nunca existió en la realidad y que éramos simplemente una familia común, se vio en una situación en la que tenía que desplazar la culpa porque había una respuesta ante una sentencia de la CIDH donde se debía y se cumplía el plazo de una respuesta. El Estado de Guatemala, volvería a ser sancionado, el Estado de Guatemala tendría consecuencias", argumentó.
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También recordó que la sentencia de la CIDH estableció que hubo falencias en la investigación y que la escena del crimen fue contaminada.
"No se actuó con la debida diligencia frente a un riesgo evidente, esta sentencia era un recordatorio que la justicia para Claudina debía construirse sobre una investigación científica y responsabilidad institucional y un respaldo y una respuesta a su familia, a sus padres, sin embargo muchas familias incluyendo la nuestra, la historia posterior ha sido una prolongación de dolor".
Espera que se investigue realmente el caso, pues nunca fueron sospechosos en estos 20 años.
"No pudo cambiar nada, pudo cambiar los intereses de ellos de dar una respuesta interamericana y presiones de otro tipo, como apoyos que reciben, no puedo decirle más, es lo que yo estoy investigando. Estamos con un grupo de apoyo humanitario viendo esta situación, no pensamos parar, hasta el final, para que la verdad salga a luz y la familia Velásquez Paíz esté sabida quien le quitó la vida a su hija", declaró.
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Por último dijo que desconoce las interioridades de la acusación, pero que conoce la verdad y la inocencia de quienes están siendo señalados. También dijo que podría regresar al país cuando haya cambio en la administración de justicia.
"Es algo que no le puedo responder, cuando uno mira la administración de justicia en su país. Sin embargo soy una mujer que actúa de buena fe, y creyendo en la buena fe, regresar y poder venir y aclarar la situación cuando haya una administración de justicia más transparente", finalizó.
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Claudina Isabel Velásquez Paiz, tenía 19 años cuando fue asesinada en 2005. Horas antes de localizar su cuerpo, su familia intentó interponer una denuncia por su desaparición, pero esta no fue atendida. Luego, la investigación para localizar a los responsables estuvo plagada de errores y omisiones por parte de varias instituciones.
Aunque este caso abrió campo para la aprobación de la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas en 2016 y el funcionamiento de la alerta Isabel-Claudina en 2018; la familia aún espera justicia, pues el crimen no se ha esclarecido.
El caso llegó hasta la CIDH, organización que condenó públicamente al Estado de Guatemala.
