La CC aún no emite una resolución definitiva sobre el Presupuesto que regirá durante el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo.
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Después de la suspensión del polémico Presupuesto General de la Nación aprobado para 2024 por el Congreso de la República, persisten las dudas sobre los fondos con los cuales contará el Gobierno para este año.
El pasado 18 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que impide el uso y distribución de los más de Q124,879 millones que el Legislativo avaló para el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, pese a las críticas de múltiples sectores.
En su momento, el jefe del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Edwin Martínez, hizo ver que si no había una resolución definitiva quedaba en impasse el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024.
También adelantó que podría iniciarse con el de 2023, si los magistrados no decidían antes del 31 de diciembre. Lo cual ocurrió, puesto que el pleno de la CC se reunió y no abordó el tema.
Con este panorama, se tendría que ejecutar el gasto con base en casi Q115,500 millones que están normados en el Decreto 54-2022, más las ampliaciones correspondientes, con las cuales se alcanzarían los Q118,173 millones, según las autoridades de la cartera del Tesoro.
Según la mencionada norma, tales recursos se financiarían, en su mayor parte, con la recaudación de impuestos, cuya meta es superior a los Q86,247 millones.
Prudencia en el gasto
Ahora bien, un tema a considerar es que la resolución que dejó en suspenso el Presupuesto 2024 aprobado por el Legislativo es de carácter temporal y hace falta la decisión definitiva.
Para conocer las implicaciones de esta situación, que no tiene precedentes en el país, Soy502 consultó con expertos.
El analista económico Jorge Lavarreda opinó que lo ideal era que la CC emitiera su resolución final antes de que terminara el 2023, para evitar la incertidumbre y garantizar la ejecución financiera sin ningún problema.
A su criterio, hasta este momento, el Minfin puede erogar los fondos necesarios para aquellos rubros que se contemplan tanto en el Presupuesto 2023 como el 2024, que sigue suspendido.
Entre estos destacó el pago de nóminas y servicios, así como acreditaciones a entidades que figuran en ambos planes de gastos; sin embargo, hizo ver que las autoridades tendrían que tener prudencia con asignaciones que no estuvieren contempladas en el "presupuesto que sigue en impasse".
"Existe un escenario en el cual la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad podría ser una versión distinta al Presupuesto de 2023; podría ser la que se aprobó en el Congreso para 2024, incluso, con alguna modificación", dijo el economista.
Añadió que si ese fuera el caso, "el Ministerio de Finanzas tendría que volver a readecuar todo a la versión que quede vigente".
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Segundo escenario
Por su parte, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana manifestó que pocas veces la CC ha respetado los plazos establecidos para emitir sus decisiones finales, por lo que, en su opinión, la resolución provisional podría regir todo el año.
De ser así, el techo de gastos de 2023 podría quedar vigente para todo el 2024 y regir el trabajo del nuevo Gobierno en su primer año de gestión.
Si esto ocurriera, las autoridades que asumirán el próximo 14 de enero tendrían que acoplar su plan de trabajo y metas a los Q118,173 millones con los cuales contarían.
Además, podrían hacer reajustes, pues ese presupuesto no tiene los candados que se impusieron en el que está suspendido. Empero, dependerían de los cabildeos en el Congreso.
De acuerdo con Orellana, aun si los magistrados de la CC finalmente revocaran su decisión preliminar y dejaran con efecto el techo de gastos que aprobó el Legislativo para 2024, el nuevo gobierno podría plantear una acción de inconstitucionalidad y así luchar para que quede el monto de 2023.
¿Cuándo se reunirán los magistrados?
Hasta ahora no hay postura de la CC sobre el tema del presupuesto ni hay una fecha prevista para que emita una resolución final.
En la página web de ese tribunal se indica que la primera sesión de los magistrados está programada para el próximo 9 de enero, pero ninguno de los expedientes que propició el amparo provisional está contemplado en la agenda.
