El Congreso perdió la mitad de su capacidad de sesiones por la interpelación de un ministro y la mayoría de propuestas de iniciativas continúan estancadas en las comisiones, según el reporte.
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El Congreso cerró el primer período ordinario de sesiones de 2026 con una baja capacidad para convertir iniciativas en leyes.
Según el boletín Radar Político Legislativo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), durante el semestre se conocieron 87 iniciativas, pero únicamente ocho lograron entrar en vigencia, mientras que una más quedó pendiente tras ser vetada por el Ejecutivo y enviada a revisión constitucional.
"Bajo porcentaje de aprobación durante el primer semestre de 2026. Solo el 9% aprobadas. La mayoría (69) están en Presentación del Pleno sin avance significativo en las Comisiones", detalla el informe.
El informe detalla que solo 18 iniciativas lograron ser dictaminadas en comisión, 13 avanzaron a primer debate y 11 llegaron al segundo debate.
De las 87 propuestas presentadas, 69 continúan pendientes de dictamen en las comisiones de trabajo.
El boletín explica que las comisiones representan el principal cuello de botella, pues las iniciativas ingresan a un ritmo mayor del que pueden analizarse y dictaminarse.
Además, una ley necesitó en promedio 112 días para ser aprobada durante este período legislativo.
Capacidad reducida
El documento también resalta que el Congreso operó con capacidad reducida.
Aunque existían 36 sesiones ordinarias posibles durante el semestre, la mitad del tiempo legislativo se perdió debido a la interpelación de un ministro que dejó únicamente 18 sesiones efectivas para discutir y aprobar leyes.
Dominio de agenda
También indica que los temas que dominaron la agenda, seguridad y justicia concentraron 23 iniciativas, mientras que los asuntos sociales sumaron 20 propuestas.
El área laboral y de previsión social registró 12 iniciativas, la economía otras 12, ambiente nueve, institucionalidad seis e infraestructura apenas dos.
Según exponen estas cifras representan una agenda enfocada más en coyunturas políticas y sociales que en proyectos estructurales para el desarrollo del país.
El boletín sostiene que muchas iniciativas fueron impulsadas como posicionamientos políticos o medidas de reacción inmediata ante acontecimientos nacionales.
Decretos aprobados
Sobre los decretos aprobados, tres estuvieron relacionados con financiamiento y presupuesto, que representa el 37.5% del total de leyes aprobadas.
Otros dos decretos se enfocaron en beneficios sectoriales y uno más correspondió a subsidios económicos.
También se aprobaron normas vinculadas a institucionalidad y educación/social, cada una con una participación del 12.5%.
Leyes aprobadas
Entre las leyes aprobadas resalta reformas para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), modificaciones al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, cambios al Código Municipal, la exención del impuesto de herencias y el subsidio temporal a combustibles.
El informe añade que la fragmentación política dentro del Congreso continúa dificultando la construcción de consensos.
La CIG considera que no existe un bloque dominante capaz de impulsar una agenda legislativa de largo plazo, llevando a una dinámica reactiva y mayores costos políticos para coordinar votos.
Comisiones de trabajo
La Comisión de Trabajo, la Comisión de Reformas al Sector Justicia y la Comisión de Gobernación fueron las que acumularon mayor carga de iniciativas asignadas.
Mientras tanto, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda fue señalada como la más productiva por cantidad de iniciativas con avances importantes.
La CIG también destacó el avance de proyectos considerados estratégicos para el sector privado, entre ellos la Ley de Puertos y la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, ambas todavía en proceso de redacción final dentro del Congreso.
