22/05/2022

Corte Interamericana rechaza pedido para restituir a Juan Francisco Sandoval

  • Por Evelyn De León
07 de octubre de 2021, 10:22
Juan Francisco Sandoval fue destituido el 23 de julio de 2021. (Foto: archivo/Soy502) 

Juan Francisco Sandoval fue destituido el 23 de julio de 2021. (Foto: archivo/Soy502) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió improcedente la adopción de medidas provisionales solicitadas a favor del exjefe de la FECI. 

En contexto: Sandoval hace nuevas revelaciones y PGN no apoya su restitución

La Corte Interamericana argumentó que "no corresponde adoptarlas", porque exceden la relación del caso por el que se presentaron por la muerte extrajudicial de privados de libertad y se trata de un nuevo asunto.

"Aún cuando los representantes alegan que hay un nexo entre la destitución y las labores de investigación (...) en el acto formal de destitución no se hace referencia a sus labores de investigación de los delitos contra los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes", se lee en el fallo. 

Advierten que es a la Comisión Interamericana a la que le correspondería el conocimiento de la petición. 

Protegen a otros dos fiscales 

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí resolvió otorgar medidas de seguridad para dos fiscales de FECI, a quienes se identificó solo como "B" y "C", que tienen a su cargo la investigación de ejecuciones extrajudiciales de Tirso Ávila y Humberto Fuentes.

Requirió al Estado de Guatemala "adopte de forma inmediata e individualizada, las medidas necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida, la integridad y a la independencia en el ejercicio del cargo de fiscal de FECI", se menciona. 

El 27 de agosto se llevó a cabo la audiencia donde se planteó la petición para restituir a Sandoval y en esa vista la PGN dijo que debían agotarse los recursos legales internos. 

Aquí puedes leer la resolución: 

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, que presentó las acciones ante la CIDH, se pronunció indicando que la resolución "constata una vez más el deterioro de las garantías para la independencia judicial en Guatemala y reconoce el alto riesgo al que se ven expuestos los operadores de justicia que luchan contra la impunidad y la corrupción en el país". 

 

 

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