Sala anula acuerdo del MP, emitido durante la administración de Consuelo Porras, en el cual se declaró lesiva la compra de edificio en zona 5.
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La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar las excepciones perentorias planteadas por la entidad Bertram, relacionadas con la adquisición del edificio Gerencial de la Asunción, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, para el Ministerio Público (MP).
Con esta resolución, la Sala determinó que el MP carecía de facultades para declarar unilateral y discrecionalmente la lesividad de los contratos de compraventa del inmueble. En consecuencia, declaró la nulidad absoluta del Acuerdo de Lesividad 32-2020, emitido durante la gestión de Consuelo Porras al frente del ente investigador.
La decisión se fundamentó en que no se agotó previamente el procedimiento conciliatorio establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
¿Qué efectos tiene la resolución?
El analista jurídico Óscar Morales explicó que, mediante esta decisión, la Sala dejó sin efecto el procedimiento utilizado por el MP para cuestionar la adquisición del edificio. Aclaró que el alcance se limita a la anulación del Acuerdo de Lesividad 32-2020 y no implica que la compraventa del inmueble haya quedado anulada.
Señaló que corresponde esperar la reacción del MP, porque podría presentar los recursos legales que considere pertinentes para intentar revertir el fallo. Sin embargo, explicó que la resolución no otorga al ente investigador la facultad de disponer libremente del inmueble, debido a que la adquisición continúa siendo objeto de litigio.
Finalmente, el analista advirtió que lo resuelto por la Sala podría tener repercusiones en otros procesos penales relacionados con la negociación del edificio.
Sobre el caso
La compra del edificio Gerencial de La Asunción fue autorizada en 2017, durante la administración de la exfiscal y jefe del MP, Thelma Aldana, por un monto de Q35 millones.
El inmueble fue adquirido bajo el argumento de que el MP no contaba con suficientes edificios propios para albergar sus dependencias, situación que, según la requisición de compra, "limita el crecimiento institucional".
La adquisición contó con un avalúo realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas (Minfin), que estableció el valor de la propiedad en Q35.1 millones (Q35,100,029).
En el 2020, la exfiscal Consuelo Porras declaró lesivo el contrato de compra venta suscrito con la empresa Bertram, S.A., en octubre de 2017 con el cual se adquirió el edificio ubicado en la zona 5 tras un pago de Q35 millones durante la gestión de Aldana.
Sentencia
El pasado 9 de noviembre, el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal, condenó a cuatro años de prisión a William Balz, señalado en la compra de un edificio en la zona 5 que sería utilizado para albergar al Ministerio Público (MP).
Tras conocer que sería enviado a juicio, Balz decidió acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, por lo que la pena se redujo a cuatro años de prisión.
Además se estableció una multa de Q83,500.00 al haber aceptado su participación en los hechos, en calidad de autor por inducción directa.
La condena dictada por el juez Hichos se dio por el delito de testaferrato.
En esta audiencia también sería conocida la solicitud de Teresa Leyton, quien figura como procesada en el mismo caso por el mismo delito.
Sin embargo, debido a problemas de salud, Leyton se encuentra hospitalizada en el Hospital General San Juan de Dios y dicha diligencia fue reprogramada para el próximo lunes 30 de noviembre.
