Tras concluir la postulación para Fiscal General, persisten las críticas al modelo de elección de funcionarios y el debate sobre posibles reformas legales o constitucionales.
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Según analistas, los recientes procesos para integrar las nóminas de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Fiscal General evidenciaron el "cansancio" y "desgaste" del sistema actual. Lo anterior ha puesto sobre la mesa la necesidad de discutir la posibilidad de reformar la Ley de Comisiones de Postulación e incluso implementar cambios constitucionales.
Aunque la agenda legislativa prevé la discusión de ciertas iniciativas que buscan modificar la normativa vigente, la propuesta más reciente es la iniciativa 6028, que busca mejorar la idoneidad y participación de jueces en los procesos de postulación.
Dicho tema generó discrepancias en el pasado proceso para Fiscal General y que concluyó con la anulación de la primera nómina de candidatos planteada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.
En esta propuesta, presentada en febrero de 2023 y dictaminada por la Comisión de Reformas al Sector Justicia, también se propone la modificación de la integración de las comisiones de postulación, evaluación de méritos (tabla de gradación) y los plazos de elaboración de nóminas para aumentar la idoneidad.
Entre los cambios se plantea variar el método de elección de representantes de colegios profesionales y magistrados, establecer requisitos mínimos para decanos universitarios y prohibir que integrantes de postuladoras participen simultáneamente como aspirantes en otros procesos.
Con relación a los decanos, se propone que deberán tener como mínimo dos años en el cargo de la facultad respectiva, y no como ha sucedido en procesos anteriores, con la figura de decanos de gestión para que integren las postuladoras.
Además, se pretende que los integrantes de la Comisión de Postulación puedan ser candidatos o aspirantes al cargo de elección que se esté realizando, ni a otro proceso que se realice en forma simultánea. Esto debido a que en procesos anteriores se han notado que comisionados de una Postuladora, son aspirantes en otra.
También se prevé cambios en el perfil de aspirantes, en los que, además de establecer los requisitos y méritos a evaluar, se presente una tabla que incluya aspectos como descripción y verificación.
Por último, respecto a la nómina, se establece que solo podrán ser tomados en cuenta los aspirantes que obtengan 80 o más puntos de la evaluación, eliminando con esto, la aprobación de la llamada "línea de corte" que, aunque promueve una nota mínima para conformar la lista de aspirantes elegibles, puede ser modificada si las notas finales están por debajo de la ponderación fijada.
Intereses personales
La directora ejecutiva de Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, aseguró que los principales problemas observados en las postuladoras están relacionados con intereses políticos, personales y gremiales, así como con la falta de ética y voluntad política de algunos comisionados.
A criterio de Ibarra, modificar únicamente la ley no resolverá el problema de fondo, por lo que considera necesario cambiar la forma de elegir funcionarios mediante una reforma constitucional.
También advirtió que el actual sistema facilita negociaciones políticas alrededor de las nominaciones y elecciones de autoridades.
"Lo que se requiere para la forma de elegir a los funcionarios, es mantenerlo como una elección de segundo grado a cargo de quien corresponda pero pensando en la carrera profesional y en los méritos. Eso solo se puede hacer a través de una reforma constitucional", apuntó.
Expresó que desde 2009 al 2015 impulsaron reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Incluso en el 2016, se planteó una nueva ley trabajada con la mesa de reformas al sector justicia que encabezó el exdiputado Oliverio García Rodas.
Sin embargo, considera que lo mejor es impulsar una reforma constitucional y no una mera ley, pues, asegura que eso no va ayudar en la elección de segundo grado de magistrados del TSE, Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal General y Contralor General de Cuentas (CGC), apunta.
"Creemos que se debe cambiar eso desde la Constitución, pues si nos quedamos sólo a nivel de la ley algunas cosas podríamos exponerla a que se reduzcan espacios de participación ciudadana. Cualquier cosa podría salir del Congreso de la República", describió.
Añadió que hay que tener presente que los diputados, la mayoría, están contentos con la Ley de Comisión de Postulación vigente, porque les permite a ellos y partidos políticos entrar a negociaciones con comisionados, rectores, decanos, líderes gremiales para repartirse el botín de las nominaciones y de la elección.
Ibarra refirió que, en el caso de los decanos, no todos se prestan a la situación descrita, pero lo visto en este 2026 muestra que las negociaciones espurias están a la orden del día, por lo que no ve un futuro halagador.
Crisis del modelo
Para el analista Alejandro Solórzano, del equipo de monitoreo de los procesos de postulación de Alianza por las Reformas, hablar de reformas es un debate muy importante, entendiendo que cambió el momento desde que se presentaron.
Comentó que, actualmente, ya no son faltas procedimentales sino que se trata de una crisis del modelo en la forma en la cual se seleccionan las autoridades.
Además, explicó que fueron concebidas como un mecanismo de equilibrio para evitar que el poder se eligiera discrecionalmente, pero esos espacios técnicos que incluyeron la participación de la academia y profesionales ya no obedecen a la idea de meritocracia, pluralidad y controles cruzados.
"Lastimosamente, las instituciones llamadas a garantizar justicia, constitucionalidad, Estado de derecho, legalidad, nacen bajo la sospecha de una gran ilegitimidad que es lo que se ha estado evidenciando y visto, y es la razón por la que se requiere un cambio a los procesos de postulación", apuntó.
Además, advirtió que en dicho planteamiento la reforma paliativa para mantener el modelo sería modificar la ley e incluir medidas que eliminen o reduzcan los márgenes de discrecionalidad en la tabla de gradación, la publicación obligatoria y trazable de votos de cada comisionado, la regulación de los conflictos de interés, mecanismos efectivos de impugnación ciudadana y sanciones más claras.
Con esto, expuso que el cambio no pasa solo por reformas a la normativa vigente, sino tiene que ser al sistema de elección y designación de los funcionarios que actualmente se eligen en esto procesos de segundo grado.
Por último, la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso indicó que actualmente no tiene ninguna iniciativa pendiente de dictamen sobre este tema, aunque señaló que mantiene apertura para discutir eventuales propuestas.
