Sectores empresariales muestran preocupación por la situación que vive la Empresa Portuaria.
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La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) continúa en un impasse jurídico luego de que no lograra revertir la resolución judicial que mantiene inmovilizada una partida presupuestaria considerada vital para el funcionamiento de la institución.
La situación obliga a las autoridades portuarias a promover una acción de amparo y prevén que los efectos negativos más graves de esta situación se vean en la próxima temporada alta de trabajo de la empresa.
José De la Peña, presidente de la Junta Directiva de Empornac, informó que el recurso de reposición presentado para intentar revertir la medida no ha sido resuelto y que la entidad deberá acudir a una nueva vía legal para buscar que se conozca el fondo de sus planteamientos.
"No ha pasado nada, realmente todo ha sido jugar con resoluciones. Nos notificaron que el recurso de reposición no se entraba a conocer todavía", afirmó el funcionario.
Según explicó, la empresa trabaja actualmente en la elaboración de un amparo con el que espera obligar al juzgado a resolver la situación.
El dirigente de la Empresa detalló que la acción constitucional aún no ha sido presentada, aunque espera que esté lista en los próximos días.
"Lo interpondremos, lo estamos trabajando y esperamos tenerlo listo para el lunes próximo", señaló, el representante de Empornac.
Efectos en temporada alta
Aunque las operaciones cotidianas del puerto continúan desarrollándose con normalidad, las autoridades portuarias advierten que el verdadero impacto podría sentirse en los próximos meses, cuando inicie una nueva temporada alta de actividad comercial.
De la Peña explicó que la inmovilización de la partida presupuestaria no afecta directamente la operación diaria, pero sí bloquea la ejecución de proyectos estratégicos que fueron planificados y aprobados desde el año pasado para fortalecer la capacidad operativa del puerto.
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"Operativamente estamos bien, porque la operación diaria se basa en el servicio que prestamos con la maquinaria con la que contamos. Lo que nos bloquea son los planes próximos", afirmó el presidente.
Aseveró que la temporada alta recién concluida dejó en evidencia la necesidad de realizar mejoras en infraestructura y equipamiento para responder al crecimiento de la demanda.
"Anticipamos que se vienen muchos problemas. La temporada alta que acaba de terminar nos dio indicios para mejorar muchas cosas", manifestó el funcionario.
Entre las obras previstas con un año de antelación figuran la "rehabilitación patios, calles, todas las avenidas adentro del puerto, ampliar espacios para ponerle más concreto y que haya más espacio para apilar carga, según el crecimiento que se tiene".
De acuerdo con un dirigente de la Empresa, estas inversiones fueron incorporadas al plan anual de compras y al presupuesto institucional aprobado por la Junta Directiva desde el año pasado. Sin embargo, la inmovilización de la partida presupuestaria ha impedido avanzar en su ejecución.
"Ahora que ya nos toca ejecutar ese plan anual de compras, eso ya está imposibilitado porque no podemos cumplir", señaló representante de Empornac.
A criterio del presidente, la situación podría terminar afectando directamente la capacidad de respuesta de la portuaria en uno de los años más importantes para el crecimiento de sus operaciones.
"Lo que pasará es que nos van a reclamar que no mejoramos patios, que no mejoramos las calles, aunque es urgente", indicó De la Peña
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Otros problemas
El funcionario también aseguró que las medidas judiciales han comenzado a generar restricciones para la representación institucional de Guatemala en foros internacionales.
Como ejemplo, mencionó una invitación que recibió para participar en una convención anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Puertos.
Según explicó, debido al arraigo decretado dentro del proceso, solicitó autorización judicial para salir del país, pero la petición no fue resuelta.
"Se hizo la solicitud para que den la autorización de salir del país porque estoy arraigado, y resulta que el juez ni siquiera quiso resolver", afirmó el dirigente de la Empresa.
Sostuvo que este tipo de decisiones limita la participación de Guatemala en espacios de coordinación regional relacionados con el sector portuario. "Lo que están haciendo es limitarnos con la legitimidad y la fuerza total. Es bien penoso", agregó el representante de Empornac.
Alertan consecuencias económicas
La situación generó preocupación en sectores empresariales y durante los últimos días se han emitido pronunciamientos advirtiendo sobre las posibles consecuencias económicas.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) alertó que algunas empresas ya evalúan movilizar carga fuera de Guatemala mediante rutas alternas a través de Puerto Cortés, en Honduras, o por vía terrestre a través de México, debido a la incertidumbre operativa y financiera que rodea a la terminal portuaria.
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La organización advirtió que este escenario podría provocar incrementos en tarifas marítimas, mayores costos logísticos, riesgos de incumplimiento con compradores internacionales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región.
La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) expresó su preocupación por la incertidumbre operativa y financiera que enfrenta Empornac y pidió que se garantice el debido proceso en cualquier causa judicial relacionada con el caso.
La gremial industrial también solicitó medidas urgentes para asegurar la continuidad de las operaciones portuarias y atender los problemas de congestionamiento mediante inversiones en infraestructura y maquinaria.
La Cámara de Comercio de Guatemala advirtió, a su vez, que cualquier interrupción en las operaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla tendría graves consecuencias para la economía nacional, debido a su papel en el abastecimiento de productos, el comercio exterior, la producción y el empleo.
La entidad señaló que una eventual paralización provocaría retrasos logísticos y aumentos de precios que terminarían afectando a consumidores y empresas.
Mientras que la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham Guatemala) manifestó preocupación por las repercusiones que la inmovilización de recursos pueda tener sobre la continuidad de las operaciones portuarias y la eficiencia de la cadena logística nacional.
La organización destacó que la certeza jurídica y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura estratégica son factores fundamentales para mantener la competitividad del país, facilitar el comercio exterior y fortalecer la confianza de los inversionistas.
La crisis se originó luego de que el pasado 22 de mayo Empornac fuera notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol.
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La resolución ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991, una cuenta que, según las autoridades portuarias, funciona como un "bolsón" financiero utilizado para trasladar recursos hacia otras partidas ejecutoras destinadas a cubrir compras, proyectos, mantenimiento, adquisición de repuestos y otras necesidades operativas.
Además, el juzgado decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad.
De acuerdo con De la Peña, las medidas están vinculadas a un reclamo de Q209 millones promovido desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.
