La plataforma empresarial ENADE 2026 busca articular compromisos y financiamiento para bajar la tasa de homicidios a ocho por cada 100 mil habitantes hacia el año 2036.
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Con miras a la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026), el sector privado y diversas organizaciones proponen transformar la estructura del sistema penal para impactar positivamente en el crecimiento económico del país.
En este foro se busca consolidar una meta de nación para los próximos diez años: reducir la tasa de homicidios de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes para el 2036. Para profundizar en la viabilidad técnica, presupuestaria e institucional de este objetivo, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explica el alcance de las iniciativas acordadas.
¿Qué rol estratégico cumple la plataforma del ENADE al reunir a los sectores empresarial, gubernamental y civil para abordar los principales desafíos de país?
Esta es la vigésima edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo y ha sido una plataforma para unir a diferentes sectores en un solo tema.
A diferencia de varios eventos, vas a ver no solo a los tres poderes del Estado, sino a diputados, alcaldes, gobernadores, líderes de la sociedad civil, la academia, pueblos indígenas, sindicalistas y cooperativistas con un objetivo común.
¿De qué manera los consensos e iniciativas presentadas en este foro logran traducirse en reformas, políticas públicas o cambios institucionales concretos en Guatemala?
Se ha creado una agenda de seguimiento a través de la iniciativa Guatemala No Se Detiene. Hay un equipo para darle seguimiento a temas de leyes, reglamentos y certeza jurídica, como las propuestas para mejorar la capacidad de los juzgados mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
También se impulsa la digitalización en el Organismo Ejecutivo y el Ministerio de Salud, además de fortalecer el capital humano.
Metas y seguridad integral
¿Cuál es el propósito del lema "A paso seguro: la seguridad integral es el camino a la prosperidad", y qué busca proyectar hacia el desarrollo nacional?
El ENADE ha tocado tres veces el tema de seguridad. La última vez fue en 2014, cuando la tasa de homicidios estaba cerca de 32 por cada 100 mil habitantes, y hoy es de 16. El siguiente salto que queremos hacer es llevar de 16 a ocho en los próximos 10 años.
¿Cuál es la gran meta en materia de seguridad que se plantea alcanzar hacia el año 2036 y qué justificación respalda la propuesta de reducir la tasa de homicidios a la mitad?
Para lograrlo se necesita trabajar entre todas las organizaciones de la instancia para la modernización del sector justicia, donde participa el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de la Víctima.
Eso da la pauta para mapear las zonas peligrosas, hacer cuadrantes de 100 por 100 metros y abordar el sistema penitenciario, de donde sale casi el 80% de las extorsiones.
Compromisos institucionales
¿De qué manera la firma del convenio de cooperación previsto para este 8 de octubre comprometerá a las distintas instituciones de la cadena de valor de la justicia?
En 2014 hubo un primer compromiso de crear una Coalición por la Seguridad Ciudadana que ha permitido un diálogo constante con las autoridades que van rotando. Ese diálogo constante mantiene la mesa de trabajo para coordinar acciones concretas.
¿Cuál es el costo económico estimado que representan la criminalidad y la violencia para el desarrollo y la producción en Guatemala?
Según el Fondo Monetario Internacional, el costo asociado al crimen y la violencia representa el 7.7% del PIB, lo que equivale a un poco más de 5,000 millones de dólares.
Si logramos reducir la tasa de homicidios, es muy probable que los demás delitos tiendan a reducirse. Por eso es clave fomentar la denuncia ciudadana con herramientas como Crime Stoppers para que los delitos no queden invisibilizados.
Coordinación y presupuesto
¿De qué manera debe coordinarse el trabajo entre instituciones dentro del flujograma de justicia criminal frente a amenazas como el crimen organizado?
Tenemos que ser conscientes de que hay una lucha contra el crimen organizado y que se necesita fortalecimiento institucional. Hay un relacionamiento con Estados Unidos que Guatemala debe fortalecer para luchar contra el narcotráfico, cuyos vínculos con carteles de México son evidentes.
¿Cuál es el porcentaje del presupuesto general que se destina hoy al sistema de justicia y a cuánto debería elevarse el financiamiento para cerrar brechas?
El presupuesto asignado a justicia y seguridad es muy poco. Por ejemplo, el Organismo Judicial solicitó más de 6,000 millones de quetzales, pero en el techo del Ministerio de Finanzas se le están dejando alrededor de 4,500 millones.
Se necesitan más recursos para aumentar juzgados, jueces, agentes de la Policía Nacional Civil, tecnología y fuerzas especiales.
¿Cuáles son los consensos y acuerdos clave que se buscan consolidar entre los distintos sectores para avanzar del diagnóstico a la acción?
El primer gran consenso es la voluntad política y técnica de trabajar de forma conjunta en la instancia para la modernización del sector justicia.
El segundo es generar mayor tecnología y digitalización en toda la cadena de seguridad y justicia, y el tercero es fortalecer los presupuestos del sector.
