Guatemala posee condiciones para convertirse en una economía más fuerte y dinámica, pero su rezago en infraestructura limita la productividad, eleva los costos logísticos y frena la atracción de inversión.
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En una entrevista con Economía HOY, Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundesa, analiza por qué el país no despega, qué cambios institucionales urgen y por qué la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria podría marcar la diferencia. A continuación, un resumen de esta.

Guatemala tiene condiciones para ser una economía fuerte. ¿Qué le falta para convertir esas ventajas en crecimiento sostenido?
Lo primero es entender que Guatemala sigue siendo un país en proceso de urbanización. Apenas el 56% de la población vive en ciudades, mientras que en otros países de América Latina ese proceso ocurrió hace años. Chile, por ejemplo, ronda el 90% y Colombia el 75%. En los próximos 20 años, Guatemala podría acercarse a una urbanización de entre 70% y 80%.
Para acompañar ese proceso, el país necesita elevar su inversión pública. Hoy Guatemala invierte apenas 1.6% del PIB en este rubro, mientras la inversión total ronda el 17% del PIB. En otras economías en desarrollo, la inversión pública se sitúa entre 3% y 4% del PIB.
Además, hay tres factores clave para atraer más inversión y generar mejores oportunidades: infraestructura, capital humano y certeza jurídica.
¿Qué impacto económico tiene la falta de inversión en infraestructura?
El impacto es directo. En las ciudades se refleja en el tráfico, pero a nivel productivo se traduce en mayores costos para mover alimentos, servicios y mercancías. La logística se vuelve uno de los componentes más caros al comparar cuánto tiempo y cuánto cuesta trasladar un producto o un servicio de una ciudad a otra.
En el área metropolitana, por ejemplo, cada vez son mayores las distancias en tiempo. A eso se suma que el guatemalteco paga un 10% más que el promedio de América Latina y 20% más que en los países desarrollados, como consecuencia de la baja capacidad del Estado para invertir en infraestructura.
¿El problema es falta de recursos o falta de capacidad institucional?
No es un problema de recursos para invertir, sino de institucionalidad. El Ministerio de Comunicaciones no tiene la capacidad para impulsar grandes proyectos de infraestructura. Por eso se promovieron cambios legales como la Ley General de Infraestructura Vial Prioritaria y la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ahora ofrecen nuevas herramientas al Ejecutivo.
¿Qué tan rezagada está Guatemala frente a otros países de la región?
Guatemala está casi en la posición 137 de 143 países en calidad de infraestructura vial. En América Latina, además, figura entre los últimos lugares en metros de red vial por habitante.
Guatemala tiene apenas un metro de red vial por habitante. El Salvador tiene 2, Costa Rica 8, México 6 y Estados Unidos 20. Ese rezago es evidente incluso al cruzar las fronteras con El Salvador, Belice o México, donde las carreteras muestran otra realidad.
¿Qué han hecho otros países que Guatemala no ha logrado replicar?
Han cambiado su forma de contratar y ejecutar obra pública. República Dominicana, por ejemplo, lleva más de 10 años aplicando un modelo fuerte de alianzas público-privadas. Además, ha migrado de la obra pública tradicional a esquemas de diseño, construcción, operación y mantenimiento.
Eso permite concesiones con peaje directo o "peaje sombra", pagado por el Estado, pero con participación privada en todo el ciclo del proyecto. En Guatemala, ese modelo era legalmente inviable, de ahí la importancia de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Dominicana invierte el 25% del PIB en infraestructura, en donde entre 3% y 4% es público, muy por encima de la inversión de Guatemala de apenas 17%, en la que 1.6% es pública.
¿Qué tan operativa es hoy esa ley?
Diría que el 95% sigue en papel. En menos de dos años ha habido cinco ministros de Comunicaciones, lo que ha provocado una rotación constante dentro del ministerio.
Además, no se ha comprendido plenamente el modelo que plantea la ley. Esta exige una institución desconcentrada, con independencia administrativa, financiera y económica, y con capacidad de contratar personal con salarios de mercado. Eso todavía no se ha aterrizado.
Si tuviera que escoger una acción prioritaria para este gobierno, ¿cuál sería?
Implementar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Por el tiempo que le queda a la administración, pensar en un gran proyecto nuevo ya no parece realista. Pero sí puede dejar como legado la puesta en marcha de la ley, que permitiría destrabar futuros proyectos y cambiar el modelo de contratación.
¿Qué decisiones estructurales se necesitan para evitar que cada gobierno reinicie todo?
Lo más importante es separar las decisiones políticas de las técnicas. La Dirección de Infraestructura de Proyectos Viales Prioritarios no puede quedar atrapada en el mismo esquema político del ministerio, con bajos salarios, alta dependencia del ministro de turno y contrataciones sin criterios técnicos.
Guatemala necesita una institucionalidad técnica, profesional y estable, como hizo Colombia al crear su Agencia Nacional de Infraestructura. Ese cambio permite desarrollar proyectos a largo plazo, con personal calificado y sin depender de los vaivenes políticos.
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¿Cuánto tiempo le tomaría a Guatemala acercarse al nivel de países vecinos?
Si nos comparamos con El Salvador, puede ser 100 años, si seguimos con el modelo tradicional; o bien, 10 años, si se implementa la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Esa es toda la diferencia. Tenemos que ser conscientes de que nuestra inversión pública ha sido muy baja durante los últimos 20 años y esa poca capacidad que hemos tenido como país de poder generar grandes proyectos de inversión es inexistente en este momento desde el Ministerio de Comunicaciones. Un ejemplo es el Puente Belice II. Si sigue bajo el modelo tradicional del Ministerio de Comunicaciones, y con un costo de casi US$250 millones, es muy probable que no se logre construir.
Entonces, tenemos que ser conscientes de que debemos cambiar la forma de contratar para generar proyectos de largo plazo.
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