La nueva ley aprobada por el Congreso pretende agilizar el proceso de negociaciones en casos de duda y facilitará la limpieza de historiales crediticios.
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El Congreso de la República aprobó la noche del martes 8 de febrero la Ley de Insolvencias. Con 110 votos a favor, 5 en contra y 45 ausentes le dieron vida al Decreto 8-2022.
Con esta ley, se agilizará el proceso de renegociaciones entre deudores y acreedores, en casos de deuda. Además, facilitará la limpieza de los historiales crediticios y aplicará para personas individuales, comercios y empresas.
Sin embargo, la normativa excluye a las entidades autónomas, descentralizadas y municipalidades.
Otros aspectos
La normativa también permitirá el acceso a créditos de micro, pequeñas y medianas empresas, y otorgará a los deudores la facilidad de limpiar el historial de forma rápida y otorgar un récord limpio para aplicar a empleos.
También, la nueva ley contempla evitar al máximo la bancarrota en el caso de algunas empresas.
El deudor, además, no irá a juicio penal por este tema y llevará un proceso más conciliador donde se dispondrá de un designado o experto en quiebras para identificar activos y pasivos y así solventar la situación de una forma más amigable.
Para los acreedores se tiene la posibilidad de reestructuración al deudor y se reducirán tiempos en procesos electrónicos en apoyo a ambas partes.
El documento de 74 páginas contiene 153 artículos separados en 8 títulos. Entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha.
