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FECI señala ilegalidades de CICIG en varios casos como La Línea y otros

  • Por Dulce Rivera
03 de junio de 2025, 15:18
Según la Feci, durante el perídodo de Iván Velásquez se cometieron varias ilegalidades en los procesos penales. (Foto: Soy502/archivo)

Según la Feci, durante el perídodo de Iván Velásquez se cometieron varias ilegalidades en los procesos penales. (Foto: Soy502/archivo)

El jefe de la FECI aseguró que durante la gestión de Iván Velásquez en la CICIG y Thelma Aldana en el MP, se cometieron varias ilegalidades.

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"La CICIG cometió varias ilegalidades, se atribuyó facultades que no le correspondían y era quien mandaba en los procesos penales", esa fue la narrativa que usó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en una conferencia de prensa emitida desde el Ministerio Público (MP). 

Su pronunciamiento inició con la explicación del por qué se solicitó una orden de captura en contra de Iván Velásquez y otros exfuncionarios del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso Odebrecht, pues señala que "manipularon, extorsionaron e hicieron acuerdos de manera ilegal". 

Además, aseveró que varias acciones de la CICIG fueron ilegales y repercutieron en varios procesos penales, entre estos, los conocidos como "Jueves de CICIG", de los cuales afirmó que "se hacían grandes shows y escándalos mediáticos".

Agregó que el gran común denominador de los casos trabajados por la FECI y la CICIG, fue identificar como "un mecanismo de presión para los jueces, con grandes conferencias de prensa, difundidas altamente con presión social". 

Recordó a Juan Carlos Monzón

También afirmó que se usó la colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón (exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti) como la "prueba reina" de varios casos penales. 

"Con esa simple declaración, al día siguiente estaban allanando, capturando y criminalizando a las personas, no lo digo yo, pueden consultarlo con abogados defensores. Esa prueba reina del supuesto colaborador eficaz era con la que CICIG armaba los casos", dijo Curruchiche. 

Por aparte, aseguró que la CICIG elaboraba informes, los cuales eran usados como medios de investigación, lo cual no procedía. 

"En la totalidad de los casos en los que intervino la CICIG, se puede evidenciar que las investigaciones se soportaban en informes, yo he leído infinidad de informes elaborados por personal de la CICIG, y es en este punto tomar en cuenta que la CICIG no tenía facultades de realizar actos de investigación con valor procesal, sino eran informes que eran para orientar al agente fiscal". 

Recibió denuncias 

Durante la conferencia, mencionó el caso del juez Carlos Ruano, quien denunció a la magistrada Blanca Stalling por presionarlo para una resolución favorable para su hijo que había sido acusado. 

Curruchiche detalló que la denuncia fue interpuesta en la Comisión, cuando esa no era la facultad que tenía. "En la CICIG ocultan esta denuncia y en el mes de enero presentan la denuncia, se abre el caso y se conoce en la FECI, cuatro meses estuvo la denuncia en la CICIG", agregó. 

El caso de Blanca Stalling 

El titular de la FECI recordó el caso de Blanca Stalling, quien pese a los señalamientos, fue beneficiada por el juez Víctor Cruz al cerrar el caso. Al respecto, expuso que hubo un mal procedimiento y que él hizo de conocimiento lo que había pasado, además, de asegurar que ese caso también fue manipulado por la CICIG. 

Esta fue su descripción al respecto: "...lo grave de esto es que, en el desarrollo del proceso, a la exmagistrada Blanca Stalling se le detuvo con una peluca, un par de anteojos y un arma de fuego. Yo le pregunto al agente fiscal de ese tiempo, Rudy Herrera, porque yo veo la acusación y me recuerdo de este caso y le pregunto, venga para acá, ¿porque no está la peluca, los anteojos y el arma de fuego?, y me dice, es que fíjese que eso se perdió, y ¿cómo se perdió?, en el forcejeo que se da cuando ella llega a la Torre de Tribunales con los periodistas y no sé si los periodistas se lo llevaron, posiblemente los periodistas se llevaron la peluca, los anteojos y el arma de fuego..." (sic).

Prosiguió: "...y yo le pregunto, usted lo denuncia, y él me dice que no, y yo lo veo en la acusación, y qué me queda a mí, y yo no puedo obviar eso y lo hago de conocimiento y esto es parte de toda la manipulación que hizo la CICIG en el MP, ellos eran los que mandaban y tomaban las decisiones en los procesos penales". 

"Otras ilegalidades" 

Detalló que en los allanamientos participaba personal de la Comisión sin la facultad para hacerlo y en las actas no eran consignados sus nombres, con lo cual señaló a las autoridades anteriores de permitir que dicha entidad hiciera "lo que quería".

"Es muy común. He visto en los expedientes de la FECI, que llegaba personal de la CICIG a los allanamientos y qué decía los fiscales, que a ellos no se les hacía constar en el acta de los allanamientos y de esto, las personas que no están en Guatemala y están en el extranjero saben a qué me refiero", indicó.

Curruchiche enfatizó: "la CICIG manipuló y fue el personal de FECI que cedió para que hiciera lo que quería", dijo. 

Casos se caen, afirmó el fiscal

Por último, el fiscal dijo que "CICIG no respetaba la cadena de custodia" y dio a entender que por las ilegalidades cometidas algunos casos penales han terminado con el cierre del mismo. 

"Cuando se hacía un allanamiento, se hacían cadenas de custodia, se tenía que enviar eso a la CICIG para los análisis pero el personal de CICIG no firmaba la cadena de custodia, entonces cómo hacía el informe, y eso es lo que vemos a diario en los casos La Línea, Coperacha, TCQ y que estos casos se están judicializando. Estas son a grandes rasgos algunas ilegalidades que ustedes saben que se cometieron en los años más oscuros y tenebrosos de la CICIG en el país", concluyó. 

Exfiscal se pronuncia

Luego de la conferencia de Curruchiche, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI e involucrado en los señalamientos, dijo que era parte de la criminalización que han realizado en contra de operadores de justicia. 

"Las recientes afirmaciones del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en relación con el caso Odebrecht, no sólo carecen de sustento jurídico, sino que forman parte de una estrategia sistemática de criminalización contra operadores de justicia que, entre 2008 y 2021, combatieron con rigor técnico y legal la corrupción estructural en Guatemala", dijo. 

Luego detalló porqué lo dicho por Currichiche no es cierto: 

"Curruchiche ha sostenido públicamente que exfuncionarios del MP y de la CICIG "extorsionaban y fabricaban casos". Sin embargo, ninguna sentencia firme ni tribunal independiente ha confirmado estas afirmaciones. Por el contrario, los casos impulsados por la FECI con apoyo de CICIG fueron reconocidos por organismos como la ONU, la OEA y el Departamento de Estado de EE. UU., por su apego al debido proceso y su aporte a la lucha contra redes político-económicas", dijo. 

Agregó "el caso Odebrecht: un hito en la lucha anticorrupción. Es absolutamente falso que se haya negociado impunidad o destruido evidencia. En 2017, por primera vez en Centroamérica, la FECI logró acuerdos de colaboración eficaz homologados judicialmente con altos ejecutivos de Odebrecht. Estos permitieron evidenciar pagos de sobornos por al menos US$17.9 millones a funcionarios guatemaltecos. Las negociaciones se realizaron con autorización judicial, en presencia del MP y la CICIG. La PGN fue informada institucionalmente, y su ausencia en fases específicas no anula la legalidad de los acuerdos, conforme al principio de oportunidad regulado por la Ley contra la Delincuencia Organizada", manifestó. 

 

(Foto: captura de pantalla)
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)
(Foto: Captura de pantalla)

Por último dijo: "Las afirmaciones de Rafael Curruchiche no buscan justicia ni verdad, sino desacreditar la lucha contra la corrupción y justificar la cooptación institucional del Ministerio Público. La criminalización de fiscales y jueces independientes representa un retroceso alarmante del Estado de derecho en Guatemala. Defender la verdad, la legalidad y la memoria institucional es una obligación ante el intento de reescribir los hechos con fines políticos", finalizó. 

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