El Fiscal General aseguró que revisará la petición de reserva de procesos penales y así poder establecer en qué casos se debe dar y cumplir con la ley.
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En su primer día al frente del Ministerio Público (MP), el Fiscal General Gabriel Estuardo García Luna aseguró que revisará la petición de reserva de procesos penales realizados durante la gestión de su antecesora Consuelo Porras, a fin de dar la instrucción en qué casos se debe dar y cumplir con la ley.
En cuanto a este tema, García Luna dijo que existen dos tipos de reserva, la que es legal y obligatoria que se da en el Ley de Lavado de dinero u otros activos, como lo establece el artículo 27 de esta normativa, y la que otra que es carácter procesal.
Afirmó que es la segunda que será revisada, pues además de que es por tiempo determinado si el juez la autoriza, debe cumplir con ciertos requisitos, por lo que indicó que se hará una evaluación de "los casos que se han mantenido en reserva para definir si esos requerimientos han desaparecido o bien ya se cumplió el plazo para poder levantarla", apuntó.
Agregó que el peligro para los sujetos procesales y para la investigación son las base para la petición de reserva de proceso y para que provoque no sólo asentación, sino que cause efecto sobre todo partes.
"Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el final, no por meses, sino que, por años, por lo que se hará un análisis exhaustivo, técnico y jurídico para dar la instrucción, precisa en que, casos se deben dar y cumplir en donde dice la ley", puntualizó.
Casos en reserva
Durante la gestión de Porras al frente del MP, algunos procesos penales, en su mayoría de investigaciones de alto impacto y denuncias fueron declaradas bajo reserva, lo que limitó el acceso público y a la defensa.
Entres estos casos resaltan los expedientes de investigación promovidos contra el partido político Movimiento Semilla y de presunta corrupción cometido por exfuncionarios de los tres últimos gobiernos de turno.
Además, recientemente, también fue consideradas en éstos mismos términos las denuncias por adopciones ilegales que se plantearon contra la propia exjefe del MP, basada en información de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se vinculó a Porras.
