Desde el Congreso se solicitó acelerar los estudios para contar con información que permita al Ejecutivo tomar decisiones a largo plazo.
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Guatemala busca actualizar los estudios sobre el sistema de pensiones y algunos programas de apoyo social, con el objetivo de contar con proyecciones que permitan evaluar la sostenibilidad de estos fondos en el largo plazo.
El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, explicó que la urgencia de estos estudios surge en medio del crecimiento del gasto público relacionado con pensiones y programas sociales, lo cual ha tenido impacto en las finanzas del Estado.
"Buena parte del crecimiento del déficit que se ha dado en este gobierno ha sido el de tener a los militares, el aumento en clases pasivas y el aumento en adultos mayores. Ahí se ha dado 1% del PIB, que es lo que ha crecido el déficit", afirmó.
Según el legislador, programas como las clases pasivas del Estado, los pagos a militares retirados y el aporte económico al adulto mayor representan una parte importante del gasto público, por lo que es necesario contar con estudios técnicos que permitan proyectar cómo crecerán estos compromisos en los próximos años.
Estrada señaló que actualmente el país no cuenta con análisis actualizados que permitan dimensionar con precisión el impacto futuro de estos programas, pues varios de estos estudios no se realizan desde hace casi dos décadas. "Nosotros sabemos que no tenemos estudios desde el 2005; ahora ahí está el dinero para los estudios y se tienen que ejecutar", expresó.
De acuerdo con el diputado, los estudios actuariales permitirán proyectar variables como el envejecimiento de la población, el número de beneficiarios y el costo que estos programas podrían representar para el Estado en el futuro, información clave para tomar decisiones sobre reformas o ampliación de cobertura. "¿Cómo tomar esas decisiones sin información? El Ejecutivo tiene que liderar este proceso", agregó.
El objetivo, explicó, es contar con datos que permitan planificar el sistema de pensiones y los programas sociales con una visión de largo plazo, incluso con proyecciones de varias décadas. "La ley dice que se hagan estudios para poder tomar decisiones pensando incluso en el año 2076", concluyó.
Avance de estudios
Durante una reunión en el Congreso de la República, la viceministra de Previsión Social y Empleo, María Victoria Peneleu, explicó que el Ministerio ha iniciado acciones para cumplir con lo establecido en el Decreto 3-2026, el cual ordena la elaboración de estudios que permitan evaluar la sostenibilidad de los programas de previsión social.
"El Ministerio de Trabajo (Mintrab) efectivamente ha estado dando seguimiento a diversos procesos y entre ellos hemos conformado una comisión para hacer las revisiones correspondientes en cuanto a lo que establece el artículo 51 del decreto 3-2026 sobre la elaboración de estudios actuariales", afirmó la funcionaria.
Peneleu indicó que el proceso incluye coordinación con varias entidades públicas y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de revisar la metodología que se utilizará para desarrollar dichos estudios.
"Hemos estado sosteniendo reuniones para hacer una revisión sobre la metodología y la aplicación que conllevaría estos estudios actuariales y cómo esto podría beneficiar también a la población guatemalteca y permitir tener proyecciones más específicas", señaló.
Estudios podrían tardar meses o años
Por su parte, el director de Estadísticas Laborales del Mintrab, Julio Hernández, explicó que la legislación no establece un plazo específico para completar estos estudios, pues su elaboración depende de la profundidad de la información que se requiera.
"El decreto no establece un plazo específico para la realización de los estudios. Este tipo de análisis, dependiendo de su profundidad, pueden llevar desde varios meses hasta años", indicó.
El funcionario agregó que estos análisis requieren información compleja sobre la población beneficiaria, aspectos de salud y proyecciones de vida.
"Muchas veces conllevan incluso algún censo de los beneficiarios y análisis sobre la situación de salud y proyecciones de vida, por lo que requieren bastante información técnica", explicó.
En cuanto a los programas sociales existentes, la viceministra detalló que el programa de aporte económico al adulto mayor ha registrado un incremento en la cantidad de beneficiarios. "Actualmente tenemos aproximadamente 290 mil beneficiarios, y ha crecido en los últimos años", señaló Péneles.
Proyecciones claras
Estrada indicó que la comisión dará seguimiento cercano al proceso para garantizar que los análisis se realicen correctamente.
"Vamos a fijarles seguimiento semanal para que se hagan los estudios de manera correcta y podamos tener información que es importantísima para tomar decisiones", expresó.
El diputado también advirtió que contar con proyecciones claras permitirá planificar el sistema de pensiones a largo plazo.
"La ley dice que se hagan estudios para poder tomar decisiones pensando incluso en el año 2076, para planificar de mejor manera los gastos en pensiones y subsidios", concluyó.
