El gobierno del presidente Alejandro Giammattei difundió el pasado sábado un comunicado en el que exige la "no injerencia" de la comunidad internacional en asuntos del país, cuando días atrás contrató a una firma de lobistas para intervenir en cuestiones del país ante el extranjero.
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La circular de prensa publicada en sus redes sociales por el Gobierno de Guatemala hace énfasis en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que requiere a los agentes diplomáticos “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, así como no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
Y basado en esa normativa, el gobierno de Alejandro Giammattei asegura "ver con suma preocupación la invitación girada por parte de la Presidencia Pro Tempore del G13, a cargo del embajador de Suecia, a la Comisión de Postulación, donde de antemano ofrecen “cooperación” no pedida, lo cual consideramos inaceptable".
Justificando lo anterior, el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, "demanda el respeto al principio de la no injerencia en asuntos internos, específicamente al denominado Grupo de Diálogo G-13, cuya función es la cooperación solidaria al país y llamamos a la comunidad internacional a seguir trabajando juntos en el marco de los principios de apropiación, alineación y armonización".
Esto surge luego que el embajador de Suecia, Hans Magnusson, en su calidad de presidente pro tempore del G13 de países donantes, invitara a una reunión para observar el proceso de la Comisión Postuladora que eligirá a seis candidatos a fiscal general. La reunión está programada para este martes 25 de enero.
Gobierno paga millones por injerencia en asuntos del Estado
Contradictoriamente, el gobierno de Giammattei, mediante la Cancillería, publicó un comunicado días atrás anunciando que con el apoyo de Taiwán contratarán los servicios de una firmas de lobistas, Ballard Partners, para que intervengan ante Estados Unidos en política comercial con Guatemala.
Por sus servicios Taiwán pagará US $900 mil, cerca de 7 millones de quetzales (Q6,933,534) por un año, sin contar alimentación y pasajes de avión, cuando sea necesario.
Cabe recordar que la imagen de Guatemala ante el mundo se encuentra bajo críticas sobre el respeto al Estado de derecho, a raíz del despido del exfiscal Juan Francisco Sandoval, cuya reputación en la lucha contra la corrupción es alta. Asimismo, por la solicitud de antejuicio en contra de la jueza Érika Aifán también destacada como funcionaria independiente.
El Gobierno de Estados Unidos incluyó a la fiscal general, Consuelo Porras, en la lista de personajes corruptos en la Lista Engel y le retiró la visa de ingreso a esa nación. Además, EE. UU. ha brindado apoyo económico al Ministerio Público para apoyar las investigaciones, pero luego de lo sucedido con Sandoval esa cooperación fue suspendida.
