La medida contempla restricciones a derechos constitucionales y faculta a las autoridades para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
OTRAS NOTAS: Contingente de la PNC y el Ejército se moviliza por Zacapa tras hechos violentos
El Gobierno anunció este sábado 14 de noviembre que decretó estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, una medida excepcional que estará vigente durante 30 días a partir de esta fecha.
La decisión fue comunicada por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), que explicó que la disposición busca fortalecer las acciones de seguridad, proteger a los habitantes de ambos departamentos y garantizar el orden público.
Según el comunicado oficial, durante la vigencia del estado de sitio se restringirá la plena vigencia de determinados derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Entre estos figuran los contemplados en el artículo 5, relacionado con la libertad de acción; el artículo 6, sobre la detención legal; el artículo 26, que garantiza la libertad de locomoción, y, el artículo 33, referente al derecho de reunión y manifestación.
También se incluye el segundo párrafo del artículo 38, relacionado con la regulación constitucional de la tenencia y portación de armas.
De acuerdo con la información proporcionada por la SCSP, durante los 30 días que estará vigente el estado de sitio, las fuerzas de seguridad podrán implementar ocho medidas extraordinarias.
El Gobierno de Guatemala informa a la población: https://t.co/fhJhUoWvI7
Una de ellas consiste en limitar la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos, así como impedir que se desarrollen, incluso cuando sean de carácter privado.
También se autoriza disolver por la fuerza reuniones, grupos o manifestaciones públicas que se efectúen sin la debida autorización o en las que los participantes porten armas o elementos de violencia, aunque previamente hayan sido autorizadas.
Asimismo, las autoridades podrán intervenir para disolver cualquier concentración pública en la que se utilicen armas o se registren actos violentos.
Otra de las disposiciones contempla la posibilidad de prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares, zonas y horarios, además de impedir su salida de poblaciones específicas o someterlos a registros.
El Gobierno también podrá exigir servicios o auxilio de particulares, como parte de las acciones que considere necesarias para atender la situación de seguridad.
Entre las medidas de mayor alcance se encuentra la facultad de ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial, la detención o confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público.
LEA MÁS: Ejército mantiene activos seis puestos de control y registro en Izabal
Además, el comunicado establece que las autoridades podrán repeler o reprimir acciones contrarias al restablecimiento de la normalidad.
En materia de allanamientos, los funcionarios encargados de aplicar el estado de sitio podrán ingresar a domicilios u otros lugares cerrados sin autorización judicial ni permiso de sus propietarios, cuando existan indicios de que en el inmueble se encuentra una persona contra quien se haya emitido una orden de captura o detención.
Esta facultad también podrá ejercerse cuando se presuma que en el lugar existen armas, instrumentos u objetos relacionados con el delito investigado.
El comunicado precisa que los funcionarios que intervengan en los allanamientos deberán presentar una orden escrita emitida por la autoridad que dispuso la medida.
Estas disposiciones representan una ampliación extraordinaria de las facultades de las autoridades de seguridad, por lo que su aplicación deberá mantenerse dentro de los límites legales y constitucionales correspondientes.
El Ejecutivo aseguró que estas operaciones se desarrollarán con apego a la legislación vigente y respeto a los derechos humanos.
