En manos del Congreso está una propuesta de ley que cambiaría el Código de Trabajo y protegería el salario mínimo de los embargos por deuda.
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Actualmente, a las personas que tienen deudas se les puede dictar un embargo salarial de hasta el 35%, pero una ley que se promueve en el Congreso cambiaría ese porcentaje, para beneficiar principalmente a quienes ganan el salario mínimo.
Identificada con el número 6452, la iniciativa se presentó en septiembre pasado y recientemente obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo, por lo cual está lista para su aprobación en el pleno.
Si los diputados la avalaran, esta ley protegería a quienes ganan el mínimo en el país, pues aunque el cobro de deudas que tuvieran con un banco, por ejemplo, llegara a un juzgado, no se les podría retener más del 10%.
Tomando como base el salario mínimo para actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala, que asciende a Q3,973.5, con todo y bonificación, el monto máximo que se podría confiscar sería de Q397.30 mensuales.
¿Y el resto?
Aunque el principal grupo objetivo de la norma sería quienes perciben el salario mínimo, también se busca beneficiar a quienes ganan más.
En el dictamen de la sala legislativa se indica que para el resto de trabajadores el porcentaje máximo que podría ser objeto de embargo sería 20%. Esto quiere decir que a una persona con un sueldo de Q5,000 se le podrían retener no más de Q1,000 al mes.
Además, el proyecto de ley se restringe la posibilidad de embargar todo el dinero de las cuentas bancarias en que se deposite el pago de los empleados, cuando se trata del cobro de deudas. Para esos casos, se tendrían también que aplicar los anteriores porcentajes.
"Si el trabajador cambia de cargo durante el embargo, este continuará aplicándose sobre el nuevo salario que perciba", reza también el dictamen de la iniciativa.
Para proteger la economía
El ponente de la propuesta es el tercer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, y cuando la presentó dijo que el propósito es garantizar la protección de quienes tienen los sueldos más pequeños en el país, de tal manera que puedan cubrir sus necesidades básicas.
"A muchas familias guatemaltecas que viven con el salario mínimo las han embargado, con lo cual se ha afectado su economía. Además, muchos de ellos pierden su empleo y después ya no los contratan en el sector formal", manifestó en aquel entonces.
Originalmente, su sugerencia fue que ninguna persona que tuviera el sueldo mínimo pudiera ser embargada; No obstante, la comisión que analizó la iniciativa consideró que eso no era viable.
¡El salario mínimo debe ser inembargable! ✨Iniciativa 6452 pic.twitter.com/Tl1nuCyX21
Buscan equilibrio
La diputada Sonia Gutiérrez dirigió ese estudio y el documento que se emitió para justificar el dictamen se indica que cuando los "embargos salariales no son acordes a la realidad del país, crean una injusticia económica para los trabajadores guatemaltecos, especialmente aquellos con salarios mínimos o cercanos a este".
"La comisión considera que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho de los acreedores a recuperar sus créditos y el derecho de los trabajadores a un salario digno", dice el texto.
Este deberá someterse a votación y será el pleno del Congreso el que decida si las citadas disposiciones se convierten en ley. De ser así, se modificaría el artículo 96 del Código de Trabajo.
