Como reparación digna, el Tribunal de Mayor Riesgo B impuso el pago de más Q500,000 a los siete agentes de la PNC condenados en el caso Itzapa.
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El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó un monto que sobrepasa los Q500 mil en concepto de reparación digna a favor de los querellantes adhesivos en el caso Itzapa, en el que se reconoce como víctimas al ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría, y el guatemalteco Elbin Leonel Choc Xi, quienes perdieron la vida en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango,
De esta cuenta, el Tribunal presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, ordenó el pago como daño emergente, a los sentenciados en forma proporcional, esto incluye Q298,371 en favor del agraviado Alberto Santamaría Cacéres por la muerte violenta de Santamaría.
En cuanto al querellante Henry Alexander Choc Xi, hermano del Elbin Leonel, se declaró con lugar el requerimiento al daño causado que asciende a Q3,388 el cual deberá ser pagado por los acusados Fredy Santiago Velásquez Pérez y Edy Leonel Vásquez Rabanales.
Además, como daño moral, se les impone a los acusados Velásquez Pérez y Vásquez Rabanales el pago de Q50,000, en tanto que a Yulissa Ayala Yol, Mauricio Abraham Contreras, Yorleni Macario Ramos, Jeremías Jacobo Rojas Rojas y Ángel Mario Roquel deben cancelar Q25,000.
En tanto caso de Rojas Rojas y Roquel, el pago efectuado será a favor del querellante adhesivo Henry Alexander Choc Xi y María Xi, esta última abuela de la víctima Choc Xi.
Como medida de no repetición, resalta la orden que el Tribunal le da director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, quien deberá dirigirse a la población del municipio de San Andrés Itzapa para pedir una disculpa pública por los hechos sucedidos el 18 de abril de 2024.
También deberá colocarse una plaqueta con el nombre de las dos víctimas en la academia de la PNC y se concedió un minuto de silencio en honor de las víctimas al concluir la audiencia de reparación digna.
El Tribunal de Mayor Riesgo B, dictó la resolución de reparación digna por más de Q50,000 en el caso Itzapa contra siete agentes dela PNC acusados de ejecución extrajudicial. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/XX8D8RpziK
Condenados
El pasado 21 de octubre, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a 60 años de prisión a dos de los siete agentes de la PNC, por el delito de ejecución judicial cometido contra Santamaría y Choc Xi.
Con esto, resalta la condena a 60 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial al subinspector y jefe de la subestación policial, Edy Leonel Vásquez Rabanales; igual número de años de prisión para el agente Fredy Velásquez Pérez, mientras que al policía Mauricio Abraham Contreras le impusieron 30 años de cárcel.
Por aparte, a los agentes Yulisa Ayala Yol y Yorleni Macario Ramos, el tribunal los sentenció a 8 años prisión, tres años conmutables por el delito de discriminación y cinco por incumplimiento de deberes.
Para el agente Jacobo Rojas Rojas, el tribuna impuso una sentencia de 5 años de prisión conmutables por abuso de autoridad y tres años de cárcel por el delito de detención ilegal, aunque quedó absuelto de la figura delictiva de denegación de auxilio.
Ángel Mario Roquel recibió 5 años de prisión conmutables y como autor responsable de incumplimiento de deberes, obtuvo 5 años de prisión. Porr la figura penal de omisión de denuncia se le impuso la multa de Q1,000 y se absuelve del delito de omisión de auxilio.
Sobre el caso
El caso se remonta al 18 abril de 2024, cuando, según la investigación Santamaría murió presuntamente a manos de agentes de la PNC en San Andrés Itzapa. En esos mismos hechos se reportó la desaparición del guatemalteco Choc Xi.
Tras lo ocurrido, policías asignados a la subestación abandonaron el lugar, entre ellos el subinspector Vásquez Rabanales, entonces jefe de esa sede policial quien fue localizado en Estados Unidos y deportado a Guatemala para enfrentar el proceso penal.
La investigación también determinó la posible participación de otras personas, entre ellas un bombero que fue ligado a proceso y posteriormente aceptó cargos por encubrimiento.
