Un posible error, provocó que una mujer ahora figure como fallecida, aún cuando sigue con vida, situación que le ha eliminado derechos fundamentales como el acceso a la salud.
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Una mujer de avanzada edad se llevó el susto de su vida, cuando se enteró que en el Registro Nacional de las Personas (Renap) figura como fallecida.
Todo inició durante la pandemia. Familiares narraron que en el 2020 acudieron a los servicios de salud para aplicarle la vacuna contra el Covid-19 a doña María Luisa Pineda, quien en ese momento tenía 78 años.
En el Centro de Salud de Villa Canales les informaron que no le podrían aplicar la vacuna, porque la señora no aparecía en el sistema. Sorprendidos decidieron ir a un hospital nacional y ahí les informaron que la mujer figuraba como fallecida.
"Fue una gran sorpresa para nosotros, no entendíamos qué estaba sucediendo y lo peor es que todo estaba cerrado en esa época y no podíamos ir a ver en el Renap qué había ocurrido", detalló Olga Santizo, hija de Pineda.
Finalmente le informaron que, en efecto, la defunción de su mamá se había inscrito desde 2019. "No lo podía creer ¿Cómo era posible que esto nos estuviera ocurriendo? Pensamos que el error había sido del Renap", manifestó.
Sin conocer por qué su mamá figura como fallecida, Santizo realizó los trámites administrativos para regresar a la vida jurídica a doña María Luisa.
Varios meses después, el Renap les informó que no podían restituirle sus derechos, porque lo ocurrido era constitutivo a un delito en contra de quienes inscribieron el acta de defunción, pues se suscribió el nombre completo y el Código Único de Identificación (CIU), y trasladaron el caso al Ministerio Público (MP).
Sin acceso al sistema de salud
El tiempo pasó y la investigación continúa. Mientras que la familia se ha visto envuelta en serias dificultades económicas, debido, por la avanzada edad de María Luisa, quien ahora tiene 81 años, su estado de salud se ha deteriorado y no tienen acceso a servicios médicos estatales.
Andrés García, abogado de la familia afectada, aseguró que han tenido que vender sus pertenencias y realizar varias rifas, para juntar dinero que les permita cubrir los gastos médicos en entidades privadas.
De igual forma, contó que como parte de las acciones administrativas que desarrollaron, acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde realizaron análisis a la mujer con el fin de establecer su identidad.
"Le han tomado huellas dactilares y todo coincide, pero los trámites administrativos están detenidos", detalló.
Mientras que Santizo comentó que en el Renap les informaron que la situación se resolvería hasta que un juez determine que pueden restituir la identidad a la mujer y hasta que esto no suceda, ella sigue estando fallecida para el Estado guatemalteco, por lo que no puede acceder a ningún servicio.
"Incluso nos comentaron que si ella falleciera, no podríamos inscribir su defunción y tendría que ser inhumada como XX, pues no pueden existir dos defunciones de una misma persona. Ella ya está grande, el tiempo pasa y nadie nos ayuda a resolver este problema que nosotros no lo provocamos", dijo Santizo muy congojada.
Por ahora, la familia hace cuentas que ha gastado más de Q150 mil en los tratamientos médicos y centros privados que han atendido a Pineda.
¿Qué ocurrió?
Tras recibir la denuncia, el MP inició la investigación, pero ésta fue trasladada hace pocas semanas hacia la Fiscalía de Chimaltenango, debido a que fue en Tecpán, donde se registró la defunción de la mujer, por lo que las pesquisas se reiniciaron desde el principio.
Por ahora se desconoce a ciencia cierta qué ocurrió. Sin embargo, se sabe que en la fecha en que se registró la supuesta defunción de María Luis Pineda, hubo otra persona que falleció con un nombre similar.
Fernando Jauregui, médico que firmó la defunción de María Luisa Pineda, dijo a Soy502 que a eso de la media noche del 11 de septiembre de 2019, recibió una llamada telefónica a eso de la media noche para informarle que una de sus pacientes había fallecido, por lo que se presentó a su residencia para constatar los hechos.
Al día siguiente, la hija de la fallecida llegó a su consultorio en Tecpán, Chimaltenango, con un Certificado de Nacimiento que utilizó para certificar el fallecimiento de la mujer, "aduciendo que este era el correcto".
Cuando se le consultó si él como médico está obligado a constatar que los documentos que se le presentan son los que corresponden, respondió: "Yo constaté que la persona estaba fallecida, pero no tengo acceso al Renap para verificar que los documentos que ellos nos presentan sean los adecuados. No tengo cómo corroborar".
También contó que ha tenido poca comunicación con la familiar de la fallecida, pero tras enterarse de lo ocurrido hace como dos meses, a través del Colegio de Médicos, solicitó un certificado de testado para ver quién había realizado la inscripción de la defunción y pidió un certificado de homónimos y "da la casualidad que existen 11 nombres iguales".
Uno de los hijos de la mujer fallecida le comentó que la persona carecía de documentos con los que pudieran verificar si el CUI era el correcto.
Y en efecto, se consultó a Laira Martínez, una de las nietas de la fallecida, quien explicó que su abuela había perdido toda su documentación en un incendio.
No obstante, dijo no saber qué pudo haber ocurrido, pues según un su familiar, su abuela no aparece inscrita en el Renap ni como viva, ni como muerta. "No aparece el libro, ni el folio. Nada", manifestó y dijo que la fallecida no contaba con documentos.
De igual forma, comentó que su mamá, quien fue la que registró la defunción, fue citada al MP y, según su hermano, está siendo imputada con el delito de daños y perjuicios, y se está solicitando un resarcimiento.
"Nosotros nos enteramos el lunes (27 de mayo) cuando el doctor se comunicó con mi mamá para contarle esta situación, porque a él le llegó la citación del MP. Estamos preocupados, porque nosotros somos amas de casa y nuestra familia se dedica a la agricultura y no tenemos dinero", manifestó Martínez.
En tanto, el abogado de la familia de Pineda explicó que el médico que certificó la defunción tenía que confirmar y verificar la documentación que le fue presentada, previo a emitir cualquier acta legal, pues él cuenta con fe pública.
"Yo actué de buena fe y traté de ayudarle a la familia de la fallecida que estaba estaba atravesando por una situación complicada, y jamás esperé que hubiera alguna complicación más adelante como la que está ocurriendo ahora", sentenció el médico.
