El presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, ha recibido muchas muestras de apoyo en el juicio que se siguepor un contrato millonario de suministros médicos que provocó la muerte de al menos once pacientes de insuficiencia renal crónica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
Los empleados del Banguat colocaron moñas blancas en las ventanas del edificio para mostrar su respaldo a Suárez el día de la audiencia de primera declaración.
Los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras, Cacif, dieron una conferencia de prensa argumentado la inocencia de los suyos.También enviaron representantes al tribunal para acompañar a Suárez y al delegado de la patronal ante el Seguro Social, Max Quirín, quien también se encuentra detenido por el mismo proceso.
En el juicio se habrá de determinar cuál es la responsabilidad de cada uno en este caso: desde los empresarios farmacéuticos que quisieron armar el negocio, sin contar con las condiciones para ofrecer un servicio óptimo, hasta quienes se encargaron de las amañadas negociaciones.
Es probable que algunos de los implicados tengan un grado de responsabilidad menor en este trágico negocio que costó más de una decena de vidas.
¿Qué tan culpable puede ser, por ejemplo, una enfermera a quien la Junta Directiva obligó a votar a su conveniencia, so pena de perder el empleo? ¿Qué pueden hacer trabajadores vulnerables si se les extorsiona o se les amenaza en estos procesos?
¿Y qué se puede decir de los delegados de Banguat y Cacif en la Junta Directiva del IGSS? ¿Qué tan responsables son?
Consideremos el caso hipotético de que vamos a creer en la inocencia y buena fe de estos señores. El licenciado Suárez y el señor Quirín no son médicos ni especialistas en asuntos de nefrología y quizá confiaron en el criterio de la Junta de Licitación y el gerente del Seguro Social, que recomendaron el cambio de proveedor.
¿Los exonera eso de toda culpa?
Lo siento, pero ni siquiera en ese caso, creo que los representantes empresariales puedan alegar una inocencia total y absoluta. Pertenecer a una Junta Directiva es una responsabilidad muy seria y la misma NO consiste en decir “amén” a todo.
De hecho, se supone que el delegado de Cacif está ahí, en esa Junta Directiva, para cuidar los intereses de los patronos, que pagan una cuota onerosa al Seguro Social. La prioridad de esa representación debería ser, ante todo, el resguardo de la vida, la salud y la calidad de atención médica que reciben los trabajadores.
Los señalados argumentarán que cómo podían ellos saber si los suministros de tal o cual laboratorio eran los adecuados o no, dado que ellos no son médicos.
Es cierto, pero vale la pena enfatizar que este negocio se impugnó con datos técnicos y que además se publicaron numerosos reportes de prensa alertando sobre el inminente peligro que corrían los pacientes renales en el Seguro Social.
¿No levantaron esos indicios las señales de alarma? ¿No ameritaba que llegaran los representantes a somatar la mesa al Seguro Social, que zapatearan en la Junta Directiva, que organizaran una conferencia de prensa denunciando las anomalías?
Tampoco hay que olvidar que existían suficientes indicios para sospechar que el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, no era un dechado de virtudes. Por algo sería que le apodaban “Belcebú”, ¿no?
En el juicio se habrán de presentar los detalles. Pero ya es hora de que este país tome en serio al Seguro Social, que caro nos cuesta a los afiliados y a los patronos.
Se deben distinguir, si ese fuera el caso, las responsabilidades criminales de las administrativas, pero todas son ineludibles. Cuando la vida y la salud están en juego, hasta por la omisión se debe responder. Los muertos y sus familias lo reclaman.
