El presidente electo, Bernardo Arévalo, presentó un amparo en la CSJ la noche del lunes 18 de septiembre, acompañado de decenas de personas.
EN CONTEXTO: Bernardo Arévalo y Karin Herrera presentan amparo ante la CSJ
"Que se deje sin efecto todo lo actuado de manera ilegal e inconstitucional por el Juzgado Séptimo, por el juez Fredy Orellana, en contubernio con el fiscal Rafael Curruchiche, con las agentes fiscales Monterroso y Morales y por la fiscal general, Consuelo Porras", dijo el presidente electo Bernardo Arévalo al presentar un nuevo amparo.
El amparo fue presentado la noche del lunes 18 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que el binomio presidencial era acompañado por cientos de guatemaltecos que rechazan las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en contra del partido Movimiento Semilla.
El documento presentado resalta varios aspectos importantes, entre ellos la negatividad que ha tenido el MP en brindar las copia del proceso de investigación en contra del partido político, hecho que, aseguran, viola el debido proceso, la legalidad y la tutela judicial efectiva, pues no han podido impugnar por las vías procesales distintas al amparo.

Además, refiere que "existe la amenaza futura, cierta e inminente que las autoridades reclamadas se han excedido en sus atribuciones legales y constitucionales que les ha sido encomendadas" y que "continúen con el patrón sistemático de instrumentalización de las instituciones de justicia mediante actos de coacción, intimidación y criminalización en desmedro del sistema democrático".
En el amparo se advierte que la intención es impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión en calidad de Presidente y Vicepresidenta, postulados por el partido Movimiento Semilla, electos en segunda vuelta, así como otros ciudadanos electos por elección popular como alcaldes, síndicos y concejales, todos postulados por esa agrupación política.
Semilla también puso como tercero interesado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Empero, el fin primordial del amparo es "el cese inmediato de todo acto manifiestamente ilegal e ilegítimo de coacción, intimidación y criminalización en contra del TSE y de los ciudadanos electos del partido Movimiento Semilla, que se encuentren ejecutando las autoridades del MP y el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y que tengan como finalidad afectar el resultado del proceso electoral y la toma de posesión de los cargos según han sido oficializados por el TSE".
Al mismo tiempo, indican que se prevenga que las autoridades reclamadas para que se abstengan de adoptar cualquier medida judicial o de persecución penal dirigida en contra del TSE y los ciudadanos electos por Semilla y que (con ello) busquen alterar el resultado del proceso electoral o la toma de posesión de quienes resultaron electos, el resultado prohibido por el ordenamiento jurídico constitucional de afectar la pureza del proceso electoral".
En el documento presentado en la CSJ, el Presidente electo advierte que "los actos de criminalización, intimidación y coacción de los que han sido objeto del partido Semilla durante el proceso electoral, constituyen actuaciones abiertamente temerarias que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, los cuales buscan afectar la pureza del proceso electoral y el orden democrático del país".
Incluso, refieren que las acciones del MP y el Juzgado Séptimo "no se encuentran amparados en el derecho de petición ni en las atribuciones, facultades y competencias constitucionales conferidas en las autoridades reclamadas".
A criterio de Arévalo, existe una amenaza de vulneración a la pureza del proceso electoral y la efectividad del sufragio, así como al derecho a la democracia, expresado en la garantía del proceso electoral libre y justo; a la libertad del sufragio, al principio de seguridad jurídica y al sistema de gobierno republicano, democrático y representativo; y al principio de soberanía del Estado.
