La directora María Daniela Icaza, fue asesinada en un ataque armado que también dejó herido a otro funcionario.
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María Daniela Icaza, directora encargada de la cárcel de Guayas N°1, fue asesinada el jueves en un ataque armado en las calles de Guayaquil, convirtiéndose en la segunda funcionaria penitenciaria asesinada en diez días.
Este nuevo homicidio resalta la creciente violencia que afecta a las autoridades del sistema penitenciario en el país.
Icaza fue atacada mientras transitaba por una vía que conduce a la zona de Daule, al norte de Guayaquil, y falleció poco después de ser trasladada al hospital.
El organismo encargado de las prisiones, SNAI, confirmó el deceso y también reportó que otro funcionario que la acompañaba resultó herido. La Policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables.
Este asesinato ocurre poco después de la muerte de Álex Guevara, director de la cárcel de Sucumbíos, quien fue asesinado el 3 de septiembre en un ataque similar.
Además, dos agentes penitenciarios de Guayaquil también fueron abatidos hace dos semanas en circunstancias relacionadas con la creciente violencia en la ciudad.
Violencia en las cárceles ecuatorianas
La cárcel de Guayas N°1, conocida como la Penitenciaría del Litoral, ha sido uno de los escenarios más violentos dentro del sistema penitenciario del país. Desde 2021, los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes dentro de sus muros han dejado más de 460 reclusos muertos.
A pesar de que las cárceles del país están bajo control militar desde enero, los enfrentamientos y atentados siguen sucediendo.
En 2023, Ecuador registró una cifra récord de 47 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que contrasta con la tasa de 6 por cada 100,000 que tenía en 2018.
No obstante, el gobierno de Daniel Noboa asegura que su ofensiva contra el crimen ha logrado reducir los homicidios en lo que va de este año.
Este nuevo asesinato agrava la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde la violencia, impulsada por el narcotráfico y la criminalidad, continúa afectando tanto a la población como a las autoridades encargadas de mantener el orden en las prisiones.
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