Jefes de Bloque revisa enmiendas sobre controles financieros y transacciones sospechosas.
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Tras varias horas de reunión a puerta cerrada entre jefes de bloque en el Congreso, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, indicó que hubo avances importantes en la revisión de nuevas enmiendas para la Ley Antilavado; mientras que algunos puntos todavía mantienen debate.
"Siempre he dicho que estas leyes toman un tiempo en ser digeridas, entonces los grupos tenían algunas enmiendas que algunas son aceptables, unas parcialmente y otras con una contrapropuesta, pero tenían cierta legitimidad en el origen de sus preocupaciones y yo creo que hay que discutirlo", expresó.

Análisis de enmiendas
Estrada explicó que de las ocho enmiendas planteadas, cinco ya fueron discutidas durante la reunión y adelantó detalles sobre tres de ellas.
Familiares de personas PEP
Uno de los temas discutidos fue el relacionado con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre qué familiares deben quedar incluidos dentro de los controles financieros.
Estrada explicó que anteriormente la normativa contemplaba familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero ahora se analiza reducir ese alcance únicamente a hijos, padres y cónyuges convivientes.
La intención es mantener el cumplimiento de estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero sin afectar a familiares que no tienen una relación patrimonial directa con funcionarios o personas catalogadas como PEP.
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Además, señaló que algunos sectores consideran que las relaciones económicas más cercanas suelen darse entre padres, hijos y parejas y se plantea limitar el alcance de supervisión a esos vínculos.
Transacciones sospechosas
Otro de los puntos abordados fue el manejo de transacciones sospechosas o inusuales. Estrada comentó que existe discusión sobre si las entidades obligadas deberían pedir explicaciones adicionales a una persona antes de reportar una operación de este tipo.

Sin embargo, recordó que los estándares internacionales del GAFI incluyen reglas para evitar alertar a personas que podrían estar bajo investigación, pues eso podría interferir en los procesos de supervisión financiera.
Aun así, indicó que algunos grupos consideran válido que los usuarios puedan aclarar o justificar ciertas transacciones antes de ser reportadas.
Criterios de riesgo
También se discutieron propuestas relacionadas con la evaluación de riesgos dentro de la ley.
Estrada explicó que algunas enmiendas intentan clasificar por niveles de riesgo a entidades obligadas como bancos, aseguradoras, cooperativas, inmobiliarias o agencias de vehículos.
No obstante, advirtió que esa propuesta no encaja completamente con la estructura actual de la normativa, debido a que la ley está diseñada para evaluar el riesgo de los clientes y usuarios que realizan transacciones, no de las instituciones que las reportan.
Además, señaló que varias propuestas deberán reformularse para incluir criterios más claros y objetivos, sin generar inconsistencias dentro del resto de artículos de la iniciativa.

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Bajo este panorama el diputado indicó que la sesión permitió analizar las preocupaciones de los distintos sectores y aseguró que todavía hay espacio para alcanzar consensos antes de que la discusión regrese al pleno.
Según indicó, una sexta propuesta podría resolverse con relativa facilidad, mientras que otras dos continúan siendo más complejas por las implicaciones legales y financieras que representan.




