Por su parte el Mintrab se pronunció y desmintió que exista una propuesta presentada por el Ejecutivo y explicó que el proceso legal se encuentra en su fase inicial.
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La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por un posible -incremento desmedido- al salario mínimo para el próximo año.
La entidad señaló que un ajuste sin sustento técnico, y por segundo año consecutivo, podría comprometer el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como la competitividad del país.
De acuerdo con el sector industrial, siete de cada diez guatemaltecos trabajan en la informalidad, por lo que un aumento de esta naturaleza no beneficiaría directamente a la mayoría de la población. Por el contrario, advirtió que podría alejarlos aún más de la posibilidad de acceder a un empleo formal y a prestaciones como el seguro social.
La CIG alertó que un nuevo incremento representaría una seria amenaza para los costos de producción, lo que afectaría la competitividad frente a mercados internacionales y pondría en riesgo la sostenibilidad de miles de micro y pequeñas empresas.
Entre las consecuencias previstas, mencionó la reducción de personal, el traslado a la informalidad e incluso el cierre de operaciones.
Ante este panorama, la Cámara hizo un llamado a las comisiones paritarias y a la Comisión Nacional del Salario a continuar la discusión técnica para formular una propuesta que responda a la situación real de la economía guatemalteca.
Gobierno no ha fijado postura oficial
El Gobierno de Guatemala informó que hasta el momento no ha adoptado una postura oficial sobre la fijación del salario mínimo para 2026.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) desmintió que exista una propuesta presentada por el Ejecutivo y explicó que el proceso legal se encuentra en su fase inicial.
De acuerdo con el Mintrab, la determinación del salario mínimo sigue lo establecido en el Código de Trabajo e inicia con la integración de las Comisiones Paritarias.
Estas comisiones funcionan de forma autónoma y están conformadas por representantes del sector empresarial, sindical y gubernamental. Su función es elaborar informes técnicos que posteriormente se elevan a la Comisión Nacional del Salario, la cual formula un dictamen razonado.
Una vez finalizado este proceso, el Ministerio de Trabajo presenta sus recomendaciones al Presidente de la República, quien tiene la decisión final sobre el ajuste salarial. Sin embargo, el Ministerio subrayó que las comisiones aún no han concluido su etapa de diálogo, por lo que cualquier decisión oficial está aún lejana.
