Los doctores fueron capturados por la venta de certificados de incapacidades. Así era su forma de operar.
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El Hospital Monseñor Sanabria en Costa Rica fue escenario de la detención de un médico psiquiatra, un médico de emergencias y un asistente administrativo.
La captura se llevó a cabo la mañana del miércoles 4 de diciembre y, de acuerdo con medios locales, los tres son sospechosos de operar una red de venta de incapacidades dentro del hospital.
Fueron siete los allanamientos llevados a cabo en diversas localidades, incluyendo las residencias de los implicados, el consultorio privado del psiquiatra y oficinas del centro donde laboran.
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En todos los sitios que fueron allanados se recopilaron documentos y otras evidencias que contribuirán a las investigaciones.
En cuanto a los clientes, autoridades revelaron irregularidades en incapacidades presentadas por al menos 18 empleados entre funcionarios de distintas entidades, como el Ministerio de Educación Pública, una del Poder Judicial, y del Ministerio de Seguridad Pública.
Así operaban
Los implicados actuaban bajo tres esquemas fraudulentos:
En el primero, los pacientes visitaban el consultorio privado del psiquiatra, donde la esposa del médico, supuestamente, les proporcionaba una referencia médica.
Seguidamente, el médico emergenciólogo del hospital emitía otra referencia hacia psiquiatría, y el psiquiatra otorgaba incapacidades extensas, incluso a pacientes fuera del área de salud correspondiente.
La segunda forma consistía en que los pacientes acudían directamente a emergencias del hospital.
Allí, el médico emergenciólogo, presuntamente, les entregaba referencias médicas para psiquiatría sin registrarlas adecuadamente ni confirmar que los pacientes habían sido evaluados en las áreas médicas necesarias.
En el tercero, los pacientes iban directamente al departamento de psiquiatría, donde el asistente administrativo supuestamente, los asignaba al psiquiatra ignorando el orden de la lista de espera oficial.
El grupo cobraba alrededor de 280 dólares (unos 2,160 quetzales) por una incapacidad de un mes y hasta 774 dólares (5,970 quetzales) una de tres meses.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Costa Rica, entidad que determinará las medidas judiciales correspondientes.
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