Varios miembros de la junta directiva del Congreso de la República entre 2014 y 2015 aprovecharon sus puestos para contratar personal, al menos 100 personas, que no llegaba a sus labores o no estaba calificado para cumplir con las tareas asignadas.
El Ministerio Público acusó a 11 personas, tres de ellas son exdiputados y siete aún eran diputados al momento de la acusación.
Dos de ellos renunciaron tras su vinculación con el caso.
Los principales acusados son:
- Alfredo Rabbé Tejeda: Diputado y cuarto secretario de la junta directiva del Congreso en el período 2014-2015.
- Aristídes Crespo: Diputado y presidente de la junta directiva del Congreso en el período 2014-2015.
- Edgar Cristiani: Diputado y segundo secretario de la junta Directiva del Congreso en el período 2014-2015.
- César Fajardo: Diputado y primer secretario de la junta directiva en el período 2014-2015.
Ellos están acusados de: Abuso de autoridad y peculado
- Abuso de autoridad: Los diputados abusaron de su cargo para cometer arbitrarios o ilegales. Pueden recibir una pena entre uno y tres años de prisión.
- Peculado: Los diputados utilizaron en provecho propio servicios pagados con fondos públicos. Pueden recibir una pena entre tres y diez años de prisión.
Los tres exdiputados (Edgar Cristini, Alfredo Rabbé y Carlos Herrera) y el exdirector legislativo del Congreso, José Luis Mijangos, ya fueron ligados a proceso por el juez Walter Villatoro.
Pero los diputados que siguen el cargo (Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Manuel García Chuta y Carlos López) deben esperar que la Corte Suprema de Justicia analice si les quitan el derecho a antejuicio que no permite que sean juzgados.
Durante la audiencia intermedia, etapa en la que se encuentra el caso, el Ministerio Público únicamente presentará las pruebas que vinculan a los involucrados sin antejuicio y el juez Villatoro deberá decidir si los envía a juicio.
