El Ministerio Público pidió condenas contra varios acusados en el Caso TCQ, la audiencia continuará el 16 de septiembre.
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En la etapa de conclusiones del juicio por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el Ministerio Público solicitó condenas contra los acusados, a quienes señala de haber conformado una estructura criminal que habría operado desde la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), facilitando actos de corrupción vinculados al desarrollo y operación de la terminal de carga.
Durante la audiencia, la fiscalía solicito contra Julio Norberto Esquivel Orellana, la pena de 10 años de prisión, una multa de Q125 mil y la inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos.
En cuanto a Lázaro Noé Reyes Mata, exsecretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la EPQ, el Ministerio Público solicitó que se le imponga una condena por enriquecimiento ilícito.
Según la fiscalía, durante el diligenciamiento de la prueba documental del 28 de marzo de 2016, se estableció que Reyes Mata, en su calidad de funcionario sindical, se benefició económicamente por su participación activa dentro de la red. El MP solicitó 10 años de prisión, una multa de Q500 mil y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Entre los elementos probatorios presentados, destacó la declaración anticipada de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz del Ministerio Público.
En su testimonio, Monzón explicó cómo se articuló una estructura de poder judicial y político orientada a favorecer intereses empresariales en torno a TCQ. Señaló que existían tres sindicatos diferenciados dentro de la EPQ y relató que, ante un conflicto legal que amenazaba la operación de la terminal, acudió al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos.
Según Monzón, Charchal lo remitió a su asesor, Mario Ruano San José, quien gestionó directamente ante el Juzgado Civil de Escuintla, constituido en tribunal de amparo para que se declarara sin lugar una acción constitucional promovida por la Municipalidad de San José, Escuintla.
Esta decisión permitió que la terminal de contenedores continuara operando sin obstáculos legales. El testigo afirmó que estos favores judiciales eran parte de un intercambio por el apoyo recibido en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, estableciendo una relación recíproca entre los acusados y funcionarios judiciales.
En esta etapa del proceso, el Ministerio Público también solicitará condenas contra otros acusados, entre ellos:
- Douglas René Charchal Ramos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por asociación ilícita y tráfico de influencias.
- Mario Ruano San José, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
- Gustavo Adolfo Martínez Luna, exyerno del expresidente Otto Pérez Molina, por asociación ilícita y fraude.
La fiscalía aseguró que las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas demuestran la existencia de una red que manipuló procesos judiciales, desvió fondos y favoreció intereses privados a costa del Estado.
Etapa de conclusiones en el caso de corrupción que vincula a exfuncionarios y personas particulares en una red que operó dentro de la Empresa Portuaria Quetzal continuará el 16 de septiembre. pic.twitter.com/MG3xYuLPAv
Casos debilitados
Al salir de la audiencia de conclusiones del caso TCQ, el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, abordó los avances relacionados con los acuerdos de colaboración eficaz firmados durante la gestión del fiscal Juan Francisco Sandoval.
Aunque Curruchiche no pudo asegurar la solidez total del caso, destacó que la FECI tiene registrados 47 acuerdos de colaboración eficaz que fueron suscritos durante la administración de Sandoval. Sin embargo, el fiscal actual señaló que al revisar los audios y documentos de esos acuerdos, encontró numerosas irregularidades.
"Lo que encontré al escuchar los audios y revisar los documentos es que en los acuerdos con Juan Carlos Monzón, en particular, existen serias irregularidades. Monzón firmó dos acuerdos de colaboración eficaz, y en ambos se evidencian fallos legales graves", dijo el fiscal.
"Esto es preocupante porque uno de los testimonios clave en este caso proviene de él", afirmó Curruchiche.
Rafael Curruchiche, fiscal director de FECI da declaraciones a los medios sobre los acuerdos bajo la figura de colaborador eficaz. (Video:Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/4Jb2pLkhtW
Juan Carlos Monzón, quien fue colaborador eficaz durante la gestión anterior de la FECI, es considerado una pieza clave en los procesos de corrupción más relevantes en Guatemala. Sin embargo, el fiscal Curruchiche destacó que el testimonio de Monzón ha sido utilizado de manera cuestionable en algunos acuerdos.
El colaborador eficaz no solo ha declarado sobre los hechos relacionados con la corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), sino que también ha implicado a funcionarios de alto nivel en casos como La Línea y Odebrecht, cuyos acuerdos de colaboración son ahora objeto de controversia.
Curruchiche reveló que en una de las ocasiones, Monzón presentó una denuncia en su contra, alegando que no se habían cumplido los acuerdos pactados con la Feci. "Monzón me presentó una denuncia contra el fiscal Sandoval y la fiscal general Thelma Aldana, argumentando que no le habían cumplido los acuerdos acordados", explicó Curruchiche.
Esta denuncia fue trasladada a la oficina de atención permanente, aunque el fiscal no recordó a qué fiscalía se remitió el caso.
Curruchiche también indicó que en los casos vinculados a la corrupción y el crimen organizado, como el caso La Línea, Odebrecht, TCQ, y Caja de Pandora, existen muchas falencias derivadas de acuerdos previos que ahora están siendo cuestionados.
"Yo me dirigí solo a ese acuerdo, pero hay más que en su momento daré a conocer", aseguró, dejando entrever que el trabajo de la FECI sigue adelante a pesar de los obstáculos.
El fiscal señaló que, en muchos de estos casos, los acuerdos de colaboración eficaz fueron aprobados de manera acelerada, sin un proceso de verificación exhaustivo, lo que ha generado que algunos de los acusados obtuvieran beneficios sin cumplir con los requisitos legales.
"Si esto es una arma que se le da a los defensores para que se caigan los casos, ellos ya lo saben, tienen conocimiento de lo que pueda pasar más adelante", afirmó Curruchiche.
Sobre el caso Caja de Pandora y las conexiones de ciertos implicados, como la testigo Sarai Reyes, quien terminó con una relación con un investigador de la CICIG, Curruchiche mencionó que es bien sabido que hubo falencias en la ejecución de estos casos.
"Desde que llegué a la Feci no he aprobado un solo acuerdo de colaboración eficaz, y no creo que lo vaya a hacer. En un caso en particular, pasé año y siete meses corroborando la información y no lo acepté", destacó.
Vacunas Sputnik
Respecto a otras investigaciones que se están llevando a cabo, como el caso de las vacunas Sputnik, el fiscal dejó en claro que la Feci trabaja con base en pruebas técnicas y objetivas, y prometió que, en su debido momento, se darán a conocer los avances.
"Por favor, tengan paciencia, ya saldrá el caso", concluyó Curruchiche, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones sobre los casos en curso.
Rafael Curruchiche, fiscal director de FECI da declaraciones a los medios sobre los acuerdos bajo la figura de colaborador eficaz. (Video:Wilder López /Soy502) pic.twitter.com/4Jb2pLkhtW
Aunque se esperaba que las conclusiones del Ministerio Público y las defensas continuaran esta semana, el Tribunal de Mayor Riesgo "B" suspendió la audiencia y reprogramó la continuación de esta fase del juicio para el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se retomará la exposición de argumentos finales antes de que el tribunal emita su fallo definitivo.
