09/08/2022

Casos contra empresarios de medios de comunicación no han requerido embargo de bienes

  • Por Dulce Rivera
04 de agosto de 2022, 14:46
Imágenes del allanamiento al medio de comunicación El Periódico. (Foto: Soy502/Archivo) 

Imágenes del allanamiento al medio de comunicación El Periódico. (Foto: Soy502/Archivo) 

Empresarios de algunos medios de comunicación de Guatemala han sido señalados en varios casos, pero en ninguno se ha requerido el embargo de cuentas bancarias. 

OTRAS NOTICIAS: El caso contra Ronald García Navarijo y el suicidio de Pavel Centeno

En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado acusaciones en contra de empresarios de los medios de comunicación.  En algunos casos por tener relación con actividades ilícitas de políticos. Sin embargo, eso no ha implicado el embargo de las cuentas, lo contrario a lo que sí sucedió con elPeriódico. 

Caso contra Alba Lorenzana: 

Hasta el 1 de agosto se mantenía vigente una orden de captura en contra de Alba Lorenzana, esposa de Ángel González y representante legal de los canales nacionales. Luego que la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordenara revocar la orden de aprehensión. 

El caso contra Lorenzana se presentó en septiembre de 2016 por el delito de financiamiento electoral ilícito por supuestamente haber aportado económicamente a la campaña electoral del Partido Patriota en 2011 sin reportarlo debidamente. 

Pese a la acusación en su contra, no se solicitó el embargo de las cuentas del medio de comunicación, según confirmó el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. 

Caso contra Erick Archila 

Enfrenta acusación en dos casos: el primero por "La Coperacha", en el que supuestamente habría colaborado económicamente para comprar un helicóptero al expresidente Otto Pérez Molina. Y otro segundo, por el caso "Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas", por la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos mientras fungía como ministro. 

Con la intención de dar legalidad a los pagos ilícitos que recibía, según el MP, simulaba la adquisición de servicios a varias de sus empresas, entre estas Grupo A, al cual pertenece Canal Antigua y la extinta revista Contrapoder.

Por este caso fue acusado de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y concusión. Sin embargo, no fueron embargadas las cuentas de los medios de comunicación, explicó a Soy502 Juan Francisco Sandoval. 

Caso contra Siglo XXI 

Tras los testimonios de Juan Carlos Monzón y Salvador González, en casos en contra del Gobierno del Partido Patriota, se dio a conocer que el medio de comunicación Siglo XXI, habría sido adquirido mayormente por Roxana Baldetti a través de empresas de cartón. 

La investigación detalla que Baldetti habría utilizado dinero ilícito de la estructura de "La Línea" para financiar el medio de comunicación. Tras conocerse que Baldetti estaba detrás de la adquisición y por su posible vinculación a actos ilícitos, el Ministerio Público solicitó la inmovilización del edificio en donde operaba el medio.

La inmovilización del medio fue lo único que requirió la fiscalía mientras un juez ordenó la intervención del medio por anomalías en el pago de honorarios; pero las cuentas no fueron embargadas, al menos no por solicitud de la FECI. 

Caso contra Vea Canal 

El Tribunal Supremo Electoral denunció al medio de comunicación de Financiamiento Electoral Ilícito por haber promovido la campaña del entonces diputado Juan Ramón Lau y no reportarlo debidamente. 

Este caso no tuvo mayor repercusión legal, pero tampoco fue requerido por la FECI el embargo de las cuentas del medio. 

Caso contra José Rubén Zamora


El periodista y presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora,
fue capturado el 29 de julio de este año y el Ministerio Público allanó el medio de comunicación y su vivienda. Además, solicitó a un juez el embargo de las cuentas del medio de comunicación. 

En este caso, el Ministerio Público aseguró que la inmovilización de las cuentas de elPeriódico se realizó con base a la Ley de Lavado de Dinero por existir indicios que dichas cuentas pudieron ser utilizadas para la comisión de ilícitos.  

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