El CIEN propone establecer un plazo legal de 20 días hábiles para resolver las licencias sanitarias y reducir las barreras administrativas que enfrentan las empresas en Guatemala.
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Establecer un tiempo determinado para resolver las solicitudes de licencias sanitarias es una de las recomendaciones que realizó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), tras analizar las barreras administrativas que enfrentan las empresas en Guatemala.
El planteamiento forma parte del estudio "Licencias e Inscripción Sanitaria de Productos Afines en Guatemala", presentado este 23 de octubre durante el evento "Índice de Burocracia y Estudio Aplicado de Licencias Sanitarias para Productos Afines", realizado en las oficinas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
La investigación señala que, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la resolución de los expedientes de licencias sanitarias demoró entre cinco y ocho meses en 2025. De enero a mayo de 2026, el período se redujo a entre dos y tres meses.
El CIEN atribuye esta mejora a medidas como el fortalecimiento del equipo de evaluadores, la reactivación de la plataforma electrónica SIAMED-WEB y la implementación del Acuerdo Ministerial 263-2025, que estableció un tratamiento diferenciado según la complejidad de los productos.
Sin embargo, la entidad advierte que la reducción de los tiempos depende de la capacidad operativa y las metas de producción, debido a que no existe un plazo legal exigible que garantice la continuidad de estos avances.
Costos y rechazos en los trámites
El estudio también identifica obstáculos económicos para las empresas que buscan comercializar cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, entre otros productos afines.
De acuerdo con los investigadores, el costo mensual de una regencia exclusiva para la inscripción sanitaria oscila entre Q15 mil y Q30 mil, lo que representa una barrera de entrada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Además, entre 2018 y 2025 se emitieron 111,589 certificados aprobados y 53,221 notas de rechazo. Aunque la tasa de aprobación pasó del 55.7%, en 2018, al 77%, en 2025, los rechazos se mantuvieron por encima de los 5,500 anuales.
Otras medidas para agilizar las inscripciones
Ante estos resultados, el CIEN formuló ocho recomendaciones para simplificar los procedimientos y reducir los costos administrativos. Entre ellas figuran establecer un plazo de 20 días hábiles para resolver los expedientes, concentrar todas las observaciones en una sola ronda de revisión y unificar los criterios técnicos mediante un manual.
También propone consolidar los expedientes por titular, ampliar la digitalización de los trámites, diferenciar las evaluaciones según la complejidad y el riesgo de los productos, y reconocer los resultados de laboratorios privados acreditados por la Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA).
Según el estudio, siete de las ocho recomendaciones podrían implementarse en un plazo de hasta dos años, mientras que el manual técnico unificado podría aplicarse en menos de seis meses sin necesidad de una reforma legal.
La investigación se desarrolló como parte del proyecto Impulso a las Libertades Económicas en América Latina, auspiciado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), con la participación de centros de investigación de cinco países.
