Finanzas descarta aumento de impuestos y más deuda para cubrir apoyo temporal.
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El Gobierno autorizó una reducción de Q808 millones al presupuesto estatal de 2026 para financiar el subsidio temporal a los combustibles, según el Acuerdo Gubernativo 66-2026 publicado este viernes 8 de mayo en el Diario de Centro América.
La medida impacta principalmente a los ministerios de la Defensa Nacional, Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), cuyos recursos serán readecuados para cubrir el apoyo económico dirigido a consumidores de diésel y gasolinas.
El Ministerio de la Defensa tendrá un recorte de Q200 millones, mientras que el MAGA perderá Q58 millones. El mayor ajuste corresponde al CIV, con una disminución de Q550 millones distribuidos entre la Dirección General de Caminos y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
Según el acuerdo, el recorte responde a la necesidad de generar disponibilidad presupuestaria para ejecutar lo aprobado en la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, contenida en el Decreto 11-2026.
El Ministerio de Finanzas Públicas será el encargado de realizar las modificaciones y operaciones presupuestarias necesarias para hacer efectiva la redistribución de los recursos.
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En su momento, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que el subsidio a los combustibles sería financiado por medio de una readecuación interna de Q2 mil millones, sin aumentar deuda ni crear nuevos impuestos.
Entre los recursos identificados también figuran Q420 millones provenientes de ahorros en el pago de intereses de la deuda y Q542 millones de servicios de deuda pública que, según Finanzas, pueden reorientarse sin afectar las obligaciones del Estado. Además, el Minfin aportará Q30 millones de su propio presupuesto.
El subsidio aprobado en el Decreto 11-2026 que otorga Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina durante tres meses o hasta agotar fondos. Menkos aseguró que la medida representa apenas el 1.25 % del presupuesto vigente y que no afectará áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.
