Los guatemaltecos y guatemaltecas experimentan desde hace décadas altos niveles de injusticia y altos niveles de impunidad. La injusticia y la impunidad son el pan de cada día de cientos de miles de personas que esperan como agua de mayo una institucionalidad pública que les brinde paz y tranquilidad. Y aunque las estadísticas revelan un descenso en las tasas de criminalidad del 2010 hasta la fecha, la impunidad por los crímenes cometidos aun es percibida como demasiado alta y por eso sigue siendo una demanda ciudadana solo parcialmente satisfecha.
Para ser efectivo el sistema de justicia y seguridad debe poder cumplir con cuatro requisitos fundamentales.
Primero, poder impartir justicia independientemente de las interferencias de los poderes fácticos de la sociedad, de tal manera que el juez falle en razón del débil y no en función del poderoso. Segundo, contar con recursos fiscales suficientes como para asegurar una presencia territorial densa que a su vez permita enfrentar la demanda ciudadana existente, de tal manera que los fiscales y jueces no tengan que descartar casos por falta de recursos, o desarrollar procesos judiciales interminables que terminan favoreciendo al que tiene recursos para pagarlos. Tercero, contar con los recursos tecnológicos y forenses modernos que permitan acusaciones solidas por parte de la fiscalía ante jueces independientes y competentes. Cuarto, asegurar que el sistema cuenta con un proceso de selección y promoción profesional basado en el talento y la capacidad, y no en el compadrazgo y la corrupción.
Para poder darle independencia a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad, a las Cortes de Apelación y al Ministerio Público se necesita sí o sí una profunda reforma a nuestra Constitución. Las reglas constitucionales vigentes hacen que la elección y permanencia de magistrados y fiscales dependa altamente de grupos de interés, y por lo tanto los vuelve sujetos a presión por parte de poderes fácticos.
El incremento en el presupuesto fiscal que demanda nuestro sistema de seguridad y justicia implica al menos un aumento de 1.5% del PIB sobre el nivel de gasto público existente en la actualidad. Y eso habla de una reforma en el sistema de financiamiento fiscal y de reglas de transparencia que también pasan por algún tipo de reforma constitucional y presupuestaria sustantiva.
Y el mejoramiento de la tecnología y de los recursos humanos pasa por una gestión mas profesional y técnica de la justicia y la seguridad. Esa gestión moderna y eficiente, así como el uso más efectivo de los recursos fiscales, implica una reforma institucional profunda que eliminará la discrecionalidad del poder de aquellos que toman decisiones en contra del interés publico y en función de sus intereses privados espurios.
Los cambios a la Constitución, el incremento masivo en los recursos fiscales, y la reforma institucional profunda del sector justicia se tienen que dar con o sin la CICIG. Son tareas de estado y ciudadanas ineludibles que tenemos que asumir con un sentido de responsabilidad histórica, y no como resultado de un proyecto de cooperación internacional. Es mas, pedirle a la CICIG que cumpla esas tareas es no solo un autoengaño, sino además una renuncia de soberanía injustificada y vergonzosa. La CICIG no debe, pero además no puede, llevar a cabo esas tareas. Es un trabajo que nos corresponde a los guatemaltecos y guatemaltecas enfrentar, y es mejor que empecemos mas temprano que tarde a darnos cuenta de ello.
Saberse nación soberana implica eso. Tener claridad que lo que nos dará un mejor futuro como Nación y como Estado es nuestro propio esfuerzo. Y que no hay país en el mundo, ni proyecto de cooperación internacional, que pueda hacer por nosotros lo que nosotros no queremos hacer por nosotros mismos. Es duro darse cuenta que nuestro futuro depende solo de lo que los guatemaltecos y guatemaltecas hagamos o dejemos de hacer, pero es más duro seguir engañándonos con la idea de que otros países son los responsables de resolver nuestros problemas.
