El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) detallaron la manera en que una "estructura criminal" sustrajo fondos del Estado a través de la Industria Militar. El "daño estimado hasta el momento es de 23 millones de quetzales", dice el comunicado de las entidades encargadas de la investigación.
Las pesquisas revelan dos mecanismos ilegales utilizados por miembros de la Industria Militar: el pago de comisiones a un ejecutivo de ventas y el cobro de sobornos a empresarios para la adjudicación de contratos.
Los involucrados
De los operativos realizados, cuatro hombres fueron capturados y uno no fue localizado al encontrarse fuera del país. El general retirado Carlos Geovani Mejía Girón, agregado militar en Brasil, es decir parte del personal de la embajada guatemalteca en aquel país, es el único militar de alta se le señala de peculado, cohecho pasivo y asociación ilícita.
Los otros cuatro son: Rolando Enrique Hernández González, Byron Manuel Santos Galindo, José Alfredo Cotzojay Chajón (capturados la mañana del viernes 4 de mayo) y Jorge Arturo Vega Chávez. Este último se retiró con el rango de General de Brigada. Enfrentarán cargos de peculado, cohecho pasivo y asociación ilícita.
La red operó en la Industria Militar desde 2008 y hasta 2011 según la investigación que surgió por una denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas. Al caso se le ha denominado "Negocios en la Industria Militar".
1. El saqueo
La Industria Militar contrató al mayor retirado Rolando Enrique Hernández González como representante de ventas, figura que no existe en el manual de operaciones de la entidad castrense; aún así se le extendieron cuatro contratos administrativos.
Rolando Hernández se convierte en representante de ventas de la Industria Militar para Guatemala y Centroamérica. La Industria Militar acordó pagarle comisiones por ventas de entre 5% y 25% del valor de la contratación.
Las ventas se realizaban a la Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, pero también a otras entidades a las que la Industria Militar tenía prohibido vender como el Organismo Judicial y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Hernández emitía facturas en concepto de pago de ventas por mayor; pero se detectó que existieron ventas en las que se pagaron comisiones por porcentajes mayores a los establecidos en los contratos y que llegaron hasta el 84% de la venta.
Rolando Hernández recibió en sus cuentas bancarias hasta 21 millones de quetzales entre 2008 y 2009. Un año después obtuvo Q1.8 millones.
2. Sobornos para la Industria Militar
El MP y la CICIG han determinado, según la investigación, que empresarios proveedores pagaron comisiones ilegales a directivos de la Industria Militar a cambio de ser contratados.
El análisis financiero de la fiscalía detectó que casi un millón de quetzales fueron distribuidos entre directivos de la Industria Militar y algunos familiares.
El MP describe que los empresarios han colaborado y han sido sentenciados en procedimientos abreviados.
Los beneficiados con estos pagos ilegales serían José Alfredo Cotzojay Chajón (exjefe de la Industria Militar), Geovani Mejía Girón (Jefe financiero de la Industria Militar) y Byron Santos (jefe financiero de la Industria Militar) por medio de la empresa Salo, S.A.
- QUIZÁ TE INTERESE:
