El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa a la directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia y exjefa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, Martha Lucía Zamora. Las autoridades la acusan de falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.
La decisión de cancelar la visa a Zamora se conoce un día después de que la fiscalía anunció que imputará cargos contra ella y los contratistas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP en Colombia, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, quienes están ligados a una investigación por el supuesto encubrimiento a varios exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señalados de abandonar los espacios territoriales.
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Según la fiscalía, hay evidencias de que varios funcionarios de la JEP, presuntamente, fraguaron una suerte de falsedades y un eventual fraude procesal para encubrir el abandono de espacios territoriales de capacitación y reincorporación por parte de algunos líderes desmovilizados de las FARC.
En el desarrollo de esta investigación, un grupo de agentes especiales llevó a cabo una inspección judicial a la sede de la JEP para recolectar documentos y otros elementos que serán incorporados como evidencias en el proceso.
En su momento, tras responder en interrogatorio, tanto Zamora como Henríquez y Calcedo negaron los señalamientos y argumentaron que todas las explicaciones las darían ante el investigador del caso.
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Por su parte, la directora administrativa de la JEP aseguró que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber.
“Yo estuve como secretaria ejecutiva de la JEP durante tres meses y ahora regresé a mi cargo de directora administrativa”, añadió.
La funcionaria agregó que sí cuenta con garantías dentro de la investigación.
Los delitos que serán imputados
Martha Lucía Zamora será imputada por asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.
“Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en la que todos sus integrantes han cumplido con su deber y sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley”, dijo en esa oportunidad Zamora.
En el caso de Henríquez, deberá responder por falsedad ideológica en documento público, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.
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Por su parte, Caicedo será imputado por falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.
La exfiscal de Colombia llegó a Guatemala en julio de 2016 para liderar la sucursal de la CICIG en Quetzaltenango. Según la abogada, para llegar a esa comisión debió pasar por un proceso que duró más de siete meses.
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En 2016, Zamora aseguró a El Espectador de Colombia que se le acusaba de varios hechos debido a la labor que realizó como Fiscal General en ese país. "Tuve que investigar casos muy difíciles que involucraban a personajes públicos con poder. Cuando se obtienen resultados en esta labor, y ante la fortaleza de las pruebas que pudimos recopilar en su contra, el investigado o sus abogados desplegaron una estrategia que desgraciadamente está haciendo carrera en Colombia", manifestó.
