El Gobierno de Guatemala llegó el martes a un acuerdo con 33 comunidades indígenas a las que resarcirá con 155 millones de dólares, tras causarles daños con la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy hace más de 30 años, informó una fuente oficial.
Los puntos del convenio, que será firmado próximamente, fueron discutidos y acordados en una reunión entre ambas partes en la que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) actuó como testigo, de acuerdo a la agencia estatal guatemalteca.
"Se trata de un pacto histórico luego de un proceso de más de 30 años de negociación, altamente relacionado con los daños por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, en la que se cometieron varios atropellos que no fueron reparados por administraciones anteriores", aseguró el asesor presidencial y director del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel.
Alrededor de 2,300 familias de 33 comunidades se vieron afectadas en 1978 por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, en el departamento de Alta Verapaz, precisó la misma fuente.
El procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, también calificó el acuerdo como "histórico" en declaraciones a periodistas.
La Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la hidroeléctrica Chixoy (Cocahich), entidad que aglutinó a los damnificados, solicitaba una indemnización de 1,200 millones de quetzales (155 millones de dólares), que finalmente fue la acordada.
A finales de enero pasado, Estados Unidos incluyó a Guatemala en la Ley de Asignaciones Consolidadas y condicionó nuevos préstamos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) si no había progresos en el resarcimiento en el resarcimiento de este caso.
La hidroeléctrica Chixoy, la más grande de Guatemala que produce 300 megavatios, que representan el 18 por ciento de la demanda de energía en el país, fue financiada, entre otros organismos, por el BID.
El acuerdo contiene medidas para la "reparación de viviendas, tierras, saneamiento y mejoramiento de la salud de los habitantes" de 33 comunidades de los departamentos norteños de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
También se tomarán medidas para la dignificación de las víctimas y la recuperación de piezas arqueológicas, explicó la agencia estatal.
Balcárcel detalló que el plan de resarcimiento tendrá un presupuesto anual de 13.9 millones de dólares durante los próximos 15 años.
El acuerdo, cuya negociación tuvo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) será firmado próximamente en un Gabinete de Ministros del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presente en la reunión de este martes.
Al menos 400 campesinos murieron masacrados a manos del Estado y otros miles más fueron desalojados por negarse a entregar sus tierras para la construcción de la hidroeléctrica en 1978, de acuerdo a información oficial.
Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, calificó este acuerdo como "histórico", luego de 30 años de espera por parte de las comunidades y 8 años de negociaciones que fueron acompañadas por esa entidad.
"Independientemente del acuerdo alcanzado, la justicia (en este caso) va a garantizar que no se repitan hechos como este. Se deben seguir las vías legales porque el acuerdo establece la restitución de los derechos humanos", dijo Brunori.
El ente encargado de administrar y regentar los fondos sería la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) pero las obras de reparación estarán a cargo de diferentes instituciones.
Las comunidades #Chixoy y @GuatemalaGob logran acuerdo para reparar a las víctimas de construcción de represa...1/2 pic.twitter.com/nLwcqochyo
