El Ejecutivo sostiene que estos grupos han cometido ataques armados contra civiles y autoridades, por lo que considera necesario implementar medidas extraordinarias.
OTRAS NOTAS: Gobierno decreta estado de Sitio en Zacapa e Izabal durante 30 días
El Gobierno justificó la declaratoria del estado de Sitio en Zacapa e Izabal por la existencia de actividades vinculadas al narcotráfico, desarrolladas por grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
El Organismo Ejecutivo atribuye a estas organizaciones hechos de violencia, intimidación y amenazas contra la población y las autoridades.
Así lo establece el Decreto Gubernativo Número 8-2026, fechado el 14 de noviembre, al que tuvo Soy502 y que contiene las disposiciones legales y de seguridad que fundamentan la medida extraordinaria anunciada por el Ejecutivo.
El documento, firmado por el presidente Bernardo Arévalo y los integrantes del Consejo de Ministros, señala que la decisión se fundamenta en informes de seguridad elaborados por las autoridades competentes.
Según el artículo 2 del Decreto, las investigaciones de seguridad determinaron la existencia de actividades criminales que han derivado en ataques armados contra población civil, autoridades civiles y militares en ambos departamentos.
El Ejecutivo considera que estos acontecimientos ponen en riesgo el orden público, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz de los habitantes, así como su patrimonio y la continuidad de los servicios públicos esenciales.
El Ministerio de la Defensa Nacional tendrá un papel central en la aplicación de las medidas extraordinarias. https://t.co/vQHj6B7HVL
Justificaciones legales
El documento establece que la declaratoria se fundamenta principalmente en el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en las disposiciones de la Ley de Orden Público, Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente.
El artículo 138 constitucional contempla la posibilidad de restringir temporalmente determinados derechos cuando se presentan situaciones de perturbación grave de la paz o actividades contra la seguridad del Estado.
Asimismo, faculta al presidente de la República para emitir la declaratoria correspondiente mediante decreto dictado en Consejo de Ministros, con sujeción a la legislación aplicable.
En uno de sus considerandos, el Gobierno sostiene que la Ley de Orden Público permite decretar estado de Sitio cuando se registran actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que ponen en peligro el orden constitucional o la seguridad estatal.
También menciona como supuestos los hechos graves relacionados con secuestros, plagios, asesinatos y ataques armados contra particulares o autoridades civiles y militares.
Con estos argumentos, el Ejecutivo considera que las condiciones de seguridad existentes en Zacapa e Izabal justifican la aplicación de un régimen jurídico extraordinario durante 30 días.
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El decreto también invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al señalar que las medidas deberán respetar las obligaciones internacionales del Estado y aplicarse exclusivamente para los fines establecidos.
Una de las disposiciones más importantes del documento se encuentra en el artículo 5, que establece quién tendrá la responsabilidad de dirigir las acciones durante la vigencia de la medida.
Según el texto, el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de comandante general del Ejército, a través del ministro de la Defensa Nacional, conforme al artículo 17 de la Ley de Orden Público.
Para implementar las medidas, el Ministerio de la Defensa Nacional deberá coordinar con el Ministerio de Gobernación y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, cuando corresponda.
El decreto también establece que todas las autoridades y entidades estatales, independientemente de su naturaleza, estarán obligadas a prestar cooperación y auxilio a las autoridades militares y civiles cuando les sea requerido, dentro de sus respectivas competencias.
Esta disposición coloca al Ministerio de la Defensa Nacional en una posición central dentro de la estructura encargada de aplicar las medidas extraordinarias en ambos departamentos.
Detenciones, allanamientos y restricciones
El Decreto Gubernativo 8-2026 contempla una serie de facultades extraordinarias que podrán ser implementadas durante los 30 días de vigencia del estado de Sitio.
El artículo 4 establece restricciones a determinados derechos constitucionales, entre ellos la libertad de acción, la detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como disposiciones relacionadas con la tenencia y portación de armas.
Por su parte, el artículo 6 autoriza limitar reuniones públicas, manifestaciones y espectáculos, además de restringir la circulación de vehículos en determinados lugares y horarios.
También permite ordenar, sin mandamiento judicial, la detención o confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público por hechos relacionados con las circunstancias que justificaron el decreto.
En cuanto a los allanamientos, el artículo 7 faculta a las autoridades para ingresar a domicilios y otros lugares cerrados sin orden judicial cuando existan indicios de que allí se encuentra una persona con orden de captura relacionada con los hechos que motivaron la emergencia.
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La misma disposición permite efectuar estas diligencias cuando se presuma fundadamente que en los inmuebles existen armas, instrumentos u objetos vinculados con los delitos investigados.
No obstante, las autoridades deberán presentar una orden escrita del funcionario que dispuso la medida y limitar sus actuaciones al objetivo de la diligencia.
El decreto también aclara que las actividades culturales, religiosas, deportivas y ferias patronales podrán desarrollarse normalmente durante la vigencia del estado de Sitio.
Congreso debe conocer decreto
El artículo 8 establece que el Congreso de la República deberá conocer la declaratoria dentro de un plazo de tres días.
Durante ese período, los diputados tendrán que decidir si ratifican, modifican o imprueban el Decreto Gubernativo 8-2026.
Además, el artículo 9 dispone que el Ejecutivo deberá presentar oportunamente al Legislativo un informe circunstanciado sobre los hechos ocurridos y las medidas adoptadas durante la aplicación del estado de Sitio.
El documento también ordena trasladar el decreto a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala para su traducción inmediata a los idiomas nacionales, con el propósito de facilitar su comunicación y difusión.
Finalmente, el artículo 11 establece que la normativa comienza a regir inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América.
La declaratoria se produce después de una serie de hechos violentos registrados en Zacapa, entre ellos el ataque armado ocurrido el 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, que dejó cinco fallecidos y tres heridos.
También ocurre días después de la muerte violenta del diputado Julio Portillo y semanas después de una incursión armada registrada en Huité, Zacapa.
