Después de más de cuatro meses de protestas masivas y audiencias en tribunales donde se le menciona como jefe de una banda criminal, el general Otto Pérez Molina al fin ha dejado la Presidencia de la República.
El clamor de la sociedad, que rugió de indignación y desconoció al mandatario, ha sido escuchado.
Con sus movilizaciones, los guatemaltecos sacudieron al gobierno del Partido Patriota y obligaron a dimitir primero a la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, y luego a su compañero de fórmula, Otto Pérez Molina.
La caída de la pareja presidencial del Partido Patriota es significativa, pues demuestra que los guatemaltecos están hartos de ser gobernados por personajes corruptos, que se enriquecen gracias a las redes mafiosas que operan de forma tan impune como conspicua en Guatemala.
Desde que se el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala revelaron que la estructura de defraudación aduanera conocida como “La Línea” llegaba hasta la cúpula del Ejecutivo, el país entero decidió que no podía permitir que lo siguieran gobernando delincuentes.
La ex vicepresidenta renunció cuando fue evidente que tanto el Congreso como la Corte de Constitucionalidad iban a obligarla a enfrentar a la Justicia.
Algo similar ha ocurrido con Pérez Molina. Acorralado por la población y traicionado por sus antiguos aliados políticos del partido Libertad Democrática Renovada, Lider, al fin decidió dimitir.
Los guatemaltecos están satisfechos con los resultados de sus movilizaciones y protestas, pero no quieren conformarse con ellos.
El propósito es no permitir que políticos corruptos gobiernen el país. Ni estos ni otros. De ahí que el clamor por depurar a las organizaciones políticas y varios candidatos que participan este seis de septiembre en las elecciones generales.
Los guatemaltecos repudian hoy a los dirigentes que se burlan de la ley y no se someten a ella.
El nivel absurdo de corrupción al que llegó el país en los últimos años exige un “hasta aquí”.
El cambio al que aspiramos no es fácil ni rápido de lograr. Requiere de modificaciones profundas al marco legal que define las reglas de la participación política y de la gestión pública.
Pero más allá de eso, la lucha contra la corrupción exige un cambio cultural importante en los guatemaltecos. Para comenzar, el compromiso de todos, sin excepción, sin importar rango o fortuna, de acatar la ley.
Esto significa que todos los ciudadanos debemos obligarnos a respetar las normas, desde las más sencillas, las del tráfico, hasta las leyes laborales o las tributarias, o los contratos que suscribimos.
Que hoy Pérez Molina esté sentado en el banquillo de los acusados, demuestra que existe la voluntad por hacer real un principio con el que todos soñamos: que no hay nadie superior a la ley y que ante la justicia, todos somos iguales, desde el más fuerte hasta el más débil.
Hay reformas legislativas pendientes que pueden ayudarnos a avanzar, pero lo fundamental no serán nunca los códigos, sino la íntima convicción de cada uno de los guatemaltecos de que el respeto y la aplicación de la ley es lo que permite la convivencia pacífica.
