La ley antilavado que impulsa el Gobierno está dando de qué hablar y es por contener los mismos aspectos que un proyecto anterior.
EN CONTEXTO: Congelamiento preventivo de fondos y otros temas en la ley antilavado del Ejecutivo
Presentada por el presidente Bernardo Arévalo como "un golpe clavado al corazón del narcotráfico y del crimen organizado", la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, bautizada como "ley antilavado", por el mismo oficialismo, resultó ser una copia de una propuesta hecha hace casi cinco años por el gobierno de Alejandro Giammattei.
El proyecto de la actual administración fue registrado con la nomenclatura 6593 y llegó al Congreso el pasado lunes 28 de julio, mientras que el de la administración de Giammattei se encuentra en el Legislativo desde el 7 de agosto de 2020, bajo el número 5820.
De hecho, el nombre del último de estos textos es similar al que anunció Arévalo el pasado fin de semana, se denomina "ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo".
Según los registros de la Dirección Legislativa del parlamento, esa iniciativa fue conocida por el pleno de diputados en agosto de 2020 y remitida a las Comisiones de Economía y Finanzas, pero ninguna emitió su dictamen.
Por aquel entonces, el Congreso era presidido por Allan Rodríguez y el Ministerio de Finanzas estaba dirigido por el ahora presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, cuya firma aparece en la propuesta.
El "copy-paste"
La similitud entre las citadas iniciativas fue evidenciada por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, en su cuenta de X, donde también compartió algunos aspectos detectados al hacer la debida comparación.
En su publicación, el profesional critica que el gobierno de Arévalo haga una copia de la propuesta de la administración anterior, pese a los señalamientos que hay en su contra. "Se la fueron a plagiar a Giammattei y, ¿no que lo han criticado de CRIMINAL y CORRUPTO?", escribió.
Soy502 hizo una verificación para constatar el supuesto "copy-paste" y encontró que las diferencias entre ambas iniciativas de ley antilavado son mínimas. Una de ellas es la inclusión del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) en el título dedicado al enfoque basado en riesgo por parte de las personas obligadas y en el apartado que se centra en los programas de prevención.
En la nueva propuesta también hay un cambio en la sanción por terrorismo, que disminuye a un rango de entre 25 mil dólares y 800 mil dólares, mientras que en la anterior el monto más alto era de 3 millones de dólares. Además, en ese apartado, se deja expreso que actos cometidos en el marco del derecho a la manifestación no pueden considerarse terrorismo. Otras diferencias en ambos textos son únicamente en algunos términos.
Tales aspectos también fueron advertidos por Sagastume, quien criticó que el presidente Arévalo y su equipo "presentaran su iniciativa como algo nuevo, cuando no es de ellos, sino que es algo que viene copiado del pasado". El profesional añadió que "lo importante es no engañar a la población".
Así fue como se presentó la propuesta en mención el pasado domingo 27 de julio:
Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió.
Presentaremos al Congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no… pic.twitter.com/qzVsfX5a9c
¿Qué dice el Gobierno?
Consultado sobre la supuesta copia del proyecto de ley, Julio Flores, director de la Comisión contra la Corrupción, indicó que lo que se hizo fue "tomar iniciativas previas que no están vigentes en el proceso legislativo". Justificó que se trata de esfuerzos que se hicieron en otros gobiernos y que recogen estándares internacionales para combatir el lavado de dinero.
"Lo que sucede es que esa iniciativa (5820) quedó archivada porque nadie se apropió de ella en el Congreso. Por ende, según la Ley Organica del Organismo Legislativo, ya no podía trabajarse sobre ella", argumentó el comisionado, y añadió: "de todos modos, la nueva iniciativa de la ley antilavado incorpora nuevos elementos que la 5820 no incluía".
A decir de Flores, para la elaboración de la propuesta enviada al parlamento se hizo un trabajo técnico que duró varios meses y en el cual participaron la entidad que está a su cargo, el Ministerio de Finanzas y equipos de la Superintendencia de Bancos. Tales declaraciones fueron trasladadas por medio de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
