El Ejecutivo plantea fortalecer la legislación para contrarrestar el lavado de dinero y sancionar el terrorismo en el país.
EN CONTEXTO: Ejecutivo presentará iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero
Tal como lo anunció el Gobierno este fin de semana, el Congreso recibió una nueva iniciativa con la cual se busca actualizar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y unificarla con la normativa que previene el financiamiento del terrorismo en el país.
Identificada con la nomenclatura 6593, la propuesta ya está incluida en la agenda de una de las sesiones plenarias que celebrará el Legislativo este martes 29 de julio. Una vez sea conocida por el pleno de diputados, esta será estudiada por una comisión que determinará su viabilidad jurídica.
El proyecto es extenso, pues está conformado por 126 artículos, en los cuales se incluyen modificaciones a varias normas vigentes, como el Código Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada, Código de Notariado, Código de Comercio y Ley de Seguridad Privada.
Congelamiento de fondos
Uno de los temas que se incluye en la iniciativa de "ley antilavado", como la han bautizado diputados oficialistas, son las nuevas atribuciones que se brindan a personas obligadas, es decir bancos, financieras y otras entidades que deben reportar transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Una de estas potestades es el "congelamiento preventivo de los fondos o activos del cliente", cuando se constate que aparece en las listas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por temas relacionados con el financiamiento a actividades terroristas.
"De existir coincidencia de personas individuales, jurídicas o entidades con los nombres o datos de identificación que surgen de las referidas listas o designaciones, las Personas Obligadas deberán proceder, a efectuar el congelamiento preventivo de los fondos o activos del cliente o controlados por este", reza el artículo 42 de la propuesta.
Asimismo, establece que en un plazo de 24 horas se tendría que notificar al Ministerio Público (MP) de las acciones tomadas, "adjuntando la documentación correspondiente; el que deberá informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este lo comunique al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando corresponda".
Si esto se aprobara en el Congreso, el MP tendría 72 horas para pedir la ratificación de un juez sobre la inmovilización de los recursos.
De acceder a ello, el juzgador definiría las "disposiciones de custodia y conservación de dichos fondos o activos". Si, por el contrario, desestimara tal acción, se ordenaría "levantar el congelamiento preventivo".
Incluye a prestamistas
Otro aspecto destacado de la iniciativa de ley impulsada por el Gobierno es que define a más sectores como sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas.
Actualmente, en ese grupo aparecen bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, pero, si la propuesta cobra vida legal, también estarían ahí los prestamistas o empresas que se dediquen a esa actividad.
Además, se incluiría a personas individuales o jurídicas que se dediquen a lo siguiente:
- loterías, bingos, quinielas, concursos o sistemas de vaticinios deportivos
- servicios de blindaje o compra-venta de bienes blindados
- proveedores de activos virtuales
- profesionales universitarios que presten servicios de tipo jurídico, económico, contable o de auditoría, sin que medie relación laboral con el cliente
- administradores de dinero, valores u otros activos de clientes
- custodia o teneduría de libros o registros de personas o estructuras jurídicas
Nuevos registros y reportes
Adicionalmente, se pretende crear un régimen administrativo para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que estaría a cargo de las personas obligadas.
Esto incluye nuevos registros de clientes, monitoreo y reporte de transacciones inusuales y/o sospechosas. Por ejemplo, las empresas tendrían que llevar un control diario de cada operación en efectivo que superase los 10 mil dólares (Q76,700) y enviar un reporte periódico de ello a la IVE.
Aumenta sanciones
Con la nueva "ley antilavado" también se busca ampliar el alcance del delito de lavado de dinero u otros activos y sancionar a cualquier persona que se valga de su puesto o empleo para permitir transacciones, sabiendo que los recursos proceden de actividades ilícitas.
Aunque mantiene el rango de sanción para quien cometiera ese acto ilegal de 6 a 20 años de cárcel, plantea la expulsión cuando el delincuente fuera extranjero.
El castigo que sí se incrementa es para el financiamiento del terrorismo, que tendría una pena máxima de 30 años de prisión inconmutables y una multa de hasta 800 mil dólares (Q6.1 millones).
¿Incluye a las maras?
En el tema del terrorismo, se propone una modificación que amplía la designación de ese delito y es similar a lo que varios diputados han planteado en el Congreso para castigar más severamente a las maras.
En el artículo 103 de la iniciativa impulsada por el Gobierno se indica que "comete el delito de terrorismo quien, integrado o no en una organización terrorista o grupo terrorista estructurado o no, con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura".
Asimismo, se aclara que "no constituirán terrorismo los actos que sean cometidos en el contexto del ejercicio de los derechos a la manifestación, la libertad de expresión, la libertad de asociación o participación política."
Cambiaría el registro de acciones
Por otra parte, la propuesta que ahora deberá ser analizada por el Legislativo plantea cambios en cuanto al registro de las acciones en empresas.
Específicamente, se plantea reformar el artículo 125 del Código de Comercio, que actualmente regula la forma en que se registran las acciones en las sociedades anónimas.
La intención es que asentar los datos de cada accionista, con su nombre completo, nacionalidad y documento de identificación, así como su dirección física y de correo electrónico, canje de títulos y gravámenes, entre otros.
Además, "será necesario detallar la cantidad de acciones que pertenecen a cada accionista o estructura jurídica u otra figura legal de naturaleza patrimonial", se lee en el proyecto de ley. Ahí también se indica que tal información "deberá llevarse en un libro autorizado por el Registro Mercantil".
Para acceder a la totalidad de la iniciativa de "ley antilavado" impulsada por el Gobierno, puedes acceder acá:
Iniciativa de ley 6593
