La propuesta busca crear un marco legal que garantice atención digna, accesible y basada en derechos humanos para la población guatemalteca.
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La iniciativa de ley para la Atención Integral de la Salud Mental que se encuentra en agenda del Pleno del Congreso para su primera lectura y busca crear un marco legal que garantice una atención digna, accesible, basada en derechos humanos para la población guatemalteca.
La iniciativa surge ante la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a los problemas de salud mental, los cuales afectan de forma significativa a distintos sectores, especialmente a poblaciones en condición de vulnerabilidad. El proyecto plantea que el abordaje debe ser integral, incluyendo prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social.
Construcción participativa
La diputada Brenda Mejía López, una de las ponentes de la iniciativa 6537, explicó que la propuesta fue construida mediante un proceso participativo, siguiendo una metodología ya aplicada en otras leyes de salud.
"La iniciativa surge con la diputada Laura Marroquín, quien es la principal ponente. Ella utilizó exactamente la misma metodología que se empleó en la Ley de Cáncer", señaló. Según Mejía López, el proceso incluyó la participación de "personas expertas en el tema, académicos, pacientes y familiares", así como espacios de consulta pública para recoger insumos ciudadanos.
La legisladora destacó que el objetivo central de la propuesta es "mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alguna condición de salud mental" y subrayó que el enfoque no debe limitarse a la atención de crisis. "La salud mental no es solo el momento de la crisis; tiene que haber un antes, un durante y un después", afirmó.
Un problema de salud pública
La iniciativa reconoce la salud mental como parte esencial del bienestar general, influida por factores sociales, económicos, culturales y ambientales. En ese sentido, Mejía López advirtió que en Guatemala los padecimientos mentales suelen abordarse de forma aislada.
"En Guatemala las enfermedades no se tratan de forma integral, se tratan de forma aislada", indicó, al tiempo que señaló que situaciones cotidianas como la movilidad y el tránsito también inciden en el bienestar emocional. "Pasar dos o tres horas en el tránsito ya no es saludable para cualquier persona, y eso afecta la salud mental", ejemplificó.
La diputada recalcó que la problemática ya debe considerarse un asunto de salud pública. "La salud mental se convierte en un problema de salud pública porque afecta nuestra actitud y comportamiento, no solo a nivel personal, sino colectivo", sostuvo.
Brecha de atención
La iniciativa también expone la brecha de atención existente en el país. Se estima que una gran parte de las personas con padecimientos mentales no recibe tratamiento oportuno, situación que se agrava por la falta de servicios especializados y recursos humanos en el sistema público.
Además, los servicios disponibles se concentran mayoritariamente en áreas urbanas, lo que limita el acceso para comunidades rurales e indígenas. Frente a ello, la normativa propone un modelo comunitario que permita reducir la desigualdad territorial en la atención.
Derechos humanos y prevención
El proyecto incorpora un enfoque de derechos humanos alineado con estándares internacionales, promoviendo la autonomía de las personas con condiciones de salud mental y prohibiendo prácticas discriminatorias o degradantes. Para Mejía López, garantizar este derecho resulta urgente.
"Proteger la salud mental para todas las personas a través de un modelo integral de atención, accesible, digno y basado en derechos humanos, es bastante urgente", afirmó.
La ley también plantea fortalecer la prevención, incluyendo estrategias frente al suicidio, las adicciones y las afectaciones derivadas de la violencia y la pobreza. No obstante, la diputada reconoció que algunos aspectos deberán fortalecerse durante el proceso legislativo.
"Es un primer paso para poner la salud mental sobre la mesa por primera vez. No me parece una mala iniciativa, pero sí hay mucho que aclarar y definir", señaló.
Presupuesto y retos de implementación
Uno de los puntos críticos es el financiamiento. La diputada indicó que la iniciativa contempla un monto aproximado de Q120 millones, aunque advirtió que aún debe definirse con claridad la fuente de financiamiento.
"Cuando salen iniciativas sin una fuente de financiamiento clara, son promesas en el aire", afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de un dictamen técnico-financiero del Ministerio de Finanzas. También alertó que otras prioridades presupuestarias discutidas en el Congreso podrían poner en riesgo la asignación de recursos para salud mental.
Trámite legislativo
La iniciativa de Ley para la Atención Integral de la Salud Mental continuará su trámite legislativo antes de su eventual aprobación. De concretarse, Guatemala contaría por primera vez con una normativa específica para ordenar y ampliar la atención integral en salud mental desde un enfoque de derechos humanos y salud pública.
Vacíos de enfoque
El psicólogo Marco Antonio Garavito, Director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos; compartió su análisis e impresiones sobre la iniciativa de Ley para la Atención Integral de la Salud Mental que avanza en el Congreso, destacando tanto la necesidad histórica de una normativa como las debilidades que, a su criterio profesional, aún persisten en la propuesta.
El especialista afirmó que la discusión sobre una ley en esta materia no es reciente. "Yo, como persona profesional, tengo ya bastantes años de estar planteando la necesidad de una ley sobre salud mental. Eso no es de ahora, eso es un tema viejo", expresó, al subrayar que durante años ha promovido una legislación con enfoque integral.
Sin embargo, explicó que su planteamiento siempre ha estado orientado hacia un modelo preventivo. "Necesitamos una ley de desarrollo integral y preventivo de la salud mental", puntualizó.
Observaciones
Garavito relató que tuvo acercamientos con el equipo impulsor de la iniciativa cuando esta comenzó a elaborarse. Según indicó, sostuvo una reunión con una asesora de la diputada promotora, Laura Marroquín, a quien trasladó sus observaciones iniciales.
"Le dije, en resumen, que por favor no la presentaran", comentó, al considerar que el dictamen que conoció en ese momento presentaba deficiencias importantes.
Entre los principales señalamientos mencionó el enfoque predominante de la propuesta. "La ley estaba construida sobre una visión de carácter médico curativa", explicó, al detallar que este modelo prioriza la atención cuando la enfermedad ya se manifestó, en lugar de prevenirla.
"El sistema espera que la gente se enferme para poderla atender", agregó, al advertir que este enfoque puede derivar en una mayor medicalización de la población.
Riesgos
El psicólogo también expresó preocupación por el papel de la industria farmacéutica dentro de un modelo centrado en la cura. "Lo que vamos a hacer es empezar a calificar con problemas y enfermedades a la gente", señaló, al considerar que podría incrementarse el consumo de medicamentos para tratar depresión o ansiedad.
Frente a ello, reiteró su postura; "Yo siempre estuve proponiendo una ley desde una perspectiva preventiva, es decir, evitar que la gente se enferme".
A su criterio, la prevención puede desarrollarse a través de políticas públicas de educación, comunicación e información social. "Hay muchas rutas para prevenir, y usted sabe que prevenir es más barato que curar", afirmó.
Otro de los vacíos que señaló es la ausencia del enfoque intercultural dentro de la iniciativa. Garavito, quien ha trabajado durante décadas con comunidades mayas, indicó que esta perspectiva no estaba reflejada en el documento que conoció.
"Tengo décadas de trabajar con comunidades indígenas mayas y no veo reflejado el enfoque desde su cosmovisión", expuso.
El especialista destacó que los pueblos indígenas cuentan con mecanismos propios de abordaje emocional y comunitario. "El mundo indígena tiene mecanismos de salud mental increíbles que no son curativos, son preventivos", afirmó.
Añadió que estos sistemas fortalecen la resiliencia colectiva. "Hay factores resilientes que no estaban ni tocados, ni siquiera mencionados", lamentó.
Falta de discusión
Garavito también cuestionó el nivel de consulta previo a la presentación de la iniciativa. A su juicio, la discusión fue limitada y debió incluir a más sectores.
"La ley necesita mucha discusión y no la tuvo", sostuvo. Además, sugirió que el Congreso debería pausar el proceso para ampliar el análisis.
Presupuesto
En cuanto a la posibilidad de implementar la ley, el psicólogo fue enfático al señalar limitaciones estructurales del sistema de salud.
"No hay capacidad", afirmó, especialmente si el modelo continúa centrado en la atención curativa.
Explicó que la falta de infraestructura, personal especializado y cobertura territorial dificultaría su aplicación, particularmente en áreas rurales. "Pueden abrir un centro de salud, pero ningún médico ni psicólogo se va a querer ir a trabajar hasta allá", advirtió.
Alternativa viable
Desde su perspectiva, un enfoque preventivo tendría mayores probabilidades de éxito y sostenibilidad.
Puso como ejemplo programas de formación familiar. "Si usted educa y acompaña a la familia, los chicos no van a tener necesidad de llevarlos al psicólogo o al psiquiatra", explicó.
Asimismo, destacó el valor de campañas educativas en escuelas y comunidades para abordar temas como suicidio, violencia o adicciones desde etapas tempranas.
Para finalizar, Garavito expresó escepticismo sobre los resultados que podría generar la normativa si no se realizan ajustes profundos.
"Una ley no es suficiente para que un país cambie", señaló, al recordar que Guatemala cuenta con múltiples marcos legales que no se traducen en acciones efectivas.
Aunque reconoció la importancia de legislar en salud mental, insistió en que el contenido debe fortalecerse. De lo contrario, concluyó, "no va a servir de mucho".
