Este lunes, la CC rechazó un amparo solicitado hace cuatro días por la jefa del MP, en el cual hacía ver, entre otras cosas, la posibilidad de desorden durante una manifestación.
EN CONTEXTO: ¡Revés para Consuelo Porras! CC rechaza amparo de la Fiscal General
La noche del jueves 24 de agosto, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo contra el Gobierno, para que garantizara "el desarrollo de las funciones que legítimamente tiene establecidas" el ente investigador.
En el escrito se refería, entre otros aspectos, a las convocatorias que se han hecho en redes sociales para manifestar y pedir la renuncia de la Fiscal General, así como la del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y de la agente fiscal Cinthia Monterroso.
En este sentido y debido a que el viernes 25 de agosto se organizó un plantón frente a la sede del MP, Porras requirió (en su amparo a la CC) que se ordenara al presidente Alejandro Giammattei y a autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y Policía Nacional Civil (PNC) "hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público".
Adicionalmente, externó la necesidad de que se asignara a "suficientes elementos de las fuerzas de seguridad debidamente uniformados" y se utilizara "la fuerza pública, si resultara absolutamente necesaria y en caso excepcional",si la manifestación no se desarrollara de forma pacífica.
Sin embargo, un informe circunstanciado remitido a la CC por el director general de la PNC, Edwin Ardiano, hizo ver que no hubo tales escenarios en la actividad.
Sin riesgos al orden público
En la resolución emitida este lunes 28 de agosto por la Corte, se indica que después de analizar ese informe, en particular, se advirtió "el derecho de manifestación fue ejercicio por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público".
En el documento también se descarta que el actuar de los manifestantes afectar "las funciones constitucionales del Ministerio Público". Tal aspecto habría sido determinante para que los magistrados denegaran el amparo provisional solicitado por la fiscal general.
"Conforme el estado actual de la situación imperante, esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional", se lee en la resolución.