La magistrada Blanca Stalling representó a la CSJ en una audiencia sobre presunta persecución a exoperadores de justicia.
OTRAS NOTICIAS: "El MP no obstruye o menoscaba investigaciones sobre corrupción", dice el Gobierno
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling participó en una audiencia pública en la cual se discutió la instrumentalización del sistema penal para perseguir a exoperadores de justicia, opositores políticos y otros actores.
La diligencia se realizó en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, y el Estado de Guatemala estuvo representado por una delegación, por vía virtual.
Fue llamada al orden
Aunque el Gobierno aseguró que no hay ninguna persecución contra algún sector en el país, Stalling se empeñó en dejar claro que algunos jueces han salido del país por decisión propia y no por hostigamiento.
La disertación de la magistrada superó el tiempo establecido, por lo cual fue llamada al orden en varias ocasiones. Pese a esto, continuó explicando que la CSJ no interfiere en ningún proceso a cargo de jueces ni les brinda instrucciones.
"Cuando llegan acciones o solicitudes, ya sea de los querellantes, el Ministerio Público o cualquier otro sujeto procesal, a la Corte Suprema de Justicia, ahí es cuando intervenimos", afirmó.
También se refirió a los exjueces Erika Aifán y Carlos Ruano, quienes están en el exilio. "Ellos salieron de Guatemala cuando supieron que tenían un antejuicio, pero que no se les había resuelto", dijo.
Fue en ese momento en el cual finalmente se le pidió terminar con su exposición, lo cual acató con aparente molestia.
Gobierno defiende al MP
La mencionada audiencia pública se efectuó el miércoles 8 de noviembre y participaron también representantes de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y el Ministerio Público (MP).
Uno de los aspectos que destacó el titular de la Copadeh, Ramiro Contreras, en representación del Gobierno, fue que las actuaciones del MP se rigen por los "principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de defensa".
También descartó que la entidad dirigida por Consuelo Porras haga un uso indebido del proceso penal. El director ejecutivo de la Copadeh, Ramiro Contreras, remarcó que el ente investigador responde a criterios de "objetividad, legalidad e imparcialidad".
Además, aseguró que "el Ministerio Público no obstruye o menoscaba investigaciones sobre corrupción".