El Gobierno asegura que el MP no promueve detenciones arbitrarias ni hace un uso indebido del derecho penal.
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El gobierno de Alejandro Giammattei defendió las actuaciones del Ministerio Público (MP), que, según su informe, se rigen por los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de defensa, con apego a lo normado en la Constitución Política de la República.
Autoridades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) hicieron este pronunciamiento durante una audiencia pública, en la cual se discutió la instrumentalización del sistema penal para perseguir a exoperadores de justicia, opositores políticos y otros actores.
En ese marco, se descartó que la entidad dirigida por Consuelo Porras haga un uso indebido del proceso penal. El director ejecutivo de la Copadeh, Ramiro Contreras, remarcó que el ente investigador responde a criterios de "objetividad, legalidad e imparcialidad".
También aseguró que "en Guatemala, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República". Otro aspecto que resaltó fue que los exoperadores de justicia que han salido del país lo han hecho por decisión propia, por lo cual no puede deducirse responsabilidad del Estado.
Casos de corrupción
Durante su intervención, Contreras aprovechó para desvirtuar los señalamientos acerca de que el MP tiene detenidos varios casos de corrupción.
"El Ministerio Público no obstruye o menoscaba investigaciones sobre corrupción", dijo el funcionario, y volvió a enumerar los lineamientos que, a consideración del Gobierno, guían el trabajo de esa institución.
En ese sentido, expresó que no se ha paralizado ninguno de los casos que se presentaron desde que se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y se estableció la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Asimismo, descartó que el MP promueva detenciones arbitrarias, ya que "todo lo actuado obedece a solicitud que ha sido autorizada por juez competente".
En detalle
La actividad se llevó a cabo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, y contó con la participación de exfiscales, abogados y otros profesionales que están en el exilio.
Ellos, junto con otras organizaciones vinculadas con la lucha por los derechos humanos, solicitaron la audiencia pública, en la cual también se abordaron los hechos acontecidos en el marco del proceso electoral.
Por el Estado de Guatemala, hubo representantes de la Copadeh, MP y Corte Suprema de Justicia. Por este último organismo estuvo la magistrada Blanca Stalling, una de las señaladas por exoperadores de justicia de incidir en casos penales contra ellos.