A un mes del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa en Campo Marte, el caso dio un giro tras captura de policías.
EN CONTEXTO: Muere Juan Francisco Solórzano Foppa en ataque armado en Campo Marte
El reloj marcaba aproximadamente las 09:00 horas del sábado 17 de octubre cuando el estruendo de los disparos interrumpió la rutina deportiva en las instalaciones del Campo Marte, en la zona 5.
En cuestión de segundos, la escena se transformó en un cerco policial: Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), había sido atacado a balazos. También murió Gustavo Adolfo Aguilar, que arbitraba uno de los partidos.
Lo que en las primeras horas parecía encaminarse hacia una resolución rápida por parte de las fuerzas de seguridad, a un mes del crimen se ha convertido en una trama compleja que expuso fallas operativas, el montaje de evidencias y una investigación que aún busca a los verdaderos autores materiales e intelectuales del asesinato.
De la persecución inicial a una libertad por falta de pruebas
Minutos después del ataque armado en el Campo Marte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo en los alrededores que culminó con la detención de los hermanos Daniel Zaqueo Choc Toz (de 18 años) y Rigoberto Choc Toz (de 30 años, señalados preliminarmente como presuntos responsables del atentado contra el exfuncionario.
Sin embargo, la versión policial comenzó a desmoronarse en los tribunales.
Al ser presentados ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el Ministerio Público (MP) y la defensa evidenciaron inconsistencias en el parte policial y la ausencia de elementos que los vincularan directamente con el ataque.
Al no existir pruebas sustentables en su contra, los dos hermanos recuperaron su libertad y quedaron desligados del proceso, dejando el crimen nuevamente sin sospechosos detenidos.
El giro del caso
La liberación de los primeros detenidos abrió la puerta a una línea de investigación interna que sacudió a la institución policial.
Las diligencias realizadas por el MP y unidades de inspectoría revelaron que el procedimiento tras el crimen de Solórzano Foppa había sido contaminado de forma deliberada.
Como resultado de las pesquisas y el análisis de evidencias, las autoridades ejecutaron la captura de un grupo de agentes de la PNC.
Según la imputación fiscal, los uniformados habrían sembrado un arma de fuego a los dos hermanos detenidos el 17 de octubre con el objetivo de fabricar un caso en su contra y presentar resultados inmediatos tras el impacto mediático del asesinato.
Reacciones oficiales y el estado actual del proceso
El asesinato del también exanalista y figura pública generó condenas inmediatas desde distintos sectores.
Desde el Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación se reconoció la gravedad del atentado ocurrido en un punto altamente transitado de la capital, reiterando el compromiso de depurar las filas policiales ante cualquier acto al margen de la ley y de colaborar con el ente investigador para esclarecer el móvil del crimen.
El entonces director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, habría dicho durante una citación en el Congreso que se tendrían resultados en 15 días tras el atentado que consternó a la sociedad.
Sin embargo, los resultados siguen sin ser claros a la fecha.
Solórzano Foppa fue sepultado el 20 de octubre, una fecha conmemorativa en Guatemala. Un homenaje bajo la lluvia lo despidió de la Plaza de la Constitución donde decenas de ciudadanos exigieron justicia.
A treinta días de aquel sábado en el Campo Marte, el expediente judicial avanza en dos vías paralelas: por un lado, el proceso penal contra los agentes policiales señalados por abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal al alterar la escena y sembrar evidencias.
Por el otro, las diligencias técnicas, balísticas y de seguimiento de cámaras de videovigilancia que buscan reconstruir la ruta de escape de los verdaderos sicarios que acabaron con la vida de Solórzano Foppa.
