Recolectores y recicladores de desechos avanzan en el diálogo con el Gobierno para definir cómo se debe clasificar la basura en el país.
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Producto de las negociaciones con recolectores y recicladores de desechos, el Gobierno modificaría el reglamento que obliga a la población a clasificar la basura.
Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, informó que uno de los cambios que se aplicaría a esa normativa es que las municipalidades podrían decidir sobre la manera en que se deberán separar los residuos en su jurisdicción.
De acuerdo con la funcionaria, el reglamento mantendrá su vigencia, por lo que todos los habitantes del país deberán cumplir con la disposición.
Las formas en que podría clasificarse la basura, según lo determine cada concejo municipal, son:
- En dos categorías: orgánico e inorgánico
- En tres categorías: orgánico, inorgánico y reciclable
Próximos a concluir negociaciones
Orantes recordó que a finales de febrero se inició una mesa de diálogo y negociación con recolectores y recicladores de desechos, quienes se oponían a la nueva forma de separar la basura, pues consideraban que no había una estructura adecuada para ello en el país.
Las discusiones en torno al tema se iniciaron después del 11 de ese mes, fecha en que debía iniciarse la clasificación de residuos en orgánicos, inorgánicos y reciclables.
Sin embargo, el Ejecutivo debió suspender provisionalmente ese mecanismo, debido a un paro de labores protagonizado en la ciudad capital por los mencionados sectores.
Después de casi cuatro meses de conversaciones, la ministra indicó que ya se lograron la mayoría de acuerdos, por lo que las modificaciones al reglamento se conocerían en unos 15 días.
Entre las medidas que se implementarían figura "el reconocimiento de la existencia de los recolectores y recicladores de base, de toda la cadena de valor del manejo de la basura", dijo la funcionaria.
Servicios de salud para recicladores
Orantes añadió que se busca brindar un apoyo integral al citado gremio y ello incluiría la garantía de servicios de salud pública básicos, como inmunizaciones de diverso tipo, pero de forma voluntaria.
Esto quiere decir que ningún reciclador o recolector podría ser obligado a vacunarse, por ejemplo, pero sí tendría derecho a ello, en caso de considerarlo necesario. También tendrían acceso a estudios de laboratorio, para constatar su condición de salud.
