La foto en Twitter del Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el jefe de la Cicig en Guatemala, Iván Velásquez, fue la cereza en el pastel.
Si acaso había alguien en Guatemala preguntando si la permanencia de Cicig era una condición de Washington para lanzar la famosa “Alianza para la Prosperidad” en el Triángulo Norte de Centroamérica, ese trino entrañaba la respuesta.
While in Guatemala, VP met with CICIG Commissioner Velazquez to underscore the importance of anti-corruption efforts. pic.twitter.com/JtKELwT0Rz
Los diplomáticos no suelen ser literales y por ende, no creo que vayamos a escucharlos proclamar que sin Cicig no le veremos el cacho a los mil millones de dólares que han propuesto a los tres países más problemáticos de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.
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Pero no hace falta que lo digan así. El mensaje está enviado: si los centroamericanos queremos ese dinero, hemos de sujetarnos también al plan que propone la Casa Blanca de combate a la corrupción y la impunidad, el cual incluye a Cicig.
Los dirigentes del Trifinio podrán patalear todo lo que quieran, pero con la calaña de mafias que tenemos en la región, resulta impensable que nos den ese dinero sin algún tipo de control.
Es comprensible. Aquí la gente no quiere pagar impuestos porque sabe que se los roban. Los extranjeros –ya sea que usen el sombrero de la cooperación o de las entidades internacionales de crédito—ven lo mismo y por ahora, alguna confianza le tienen a Cicig (más que a los políticos de siempre).
Ahora bien, hay que ponerle atención a la letra pequeña: desde días antes de la visita de Biden, en círculos diplomáticos se empezó a hablar de la posibilidad de instalar una Cicig regional.
La idea es una jugada magistral.
Por una parte, le abre una incomparable estrategia de salida a la Organización de Naciones Unidas ante el tema Cicig. Independientemente de los resultados de esa instancia, ya no hay que quebrarse la cabeza cuando alguien pregunte si el experimento fue un éxito o un fracaso. La posibilidad de una Cicig regional eleva el debate a otro nivel: en lugar de discurrir sobre los matices de la institución y su proceso, simplemente se crea una instancia en un nivel superior, probablemente con mayor presupuesto, más plazas y más distancia, tanto de los problemas como de la responsabilidad tangible de obtener resultados concretos.
Para los gobiernos centroamericanos, las condiciones también son buenas: una Cicig regional podría representar una “intervención” menos intrusiva, una donde los fiscales internacionales andarán husmeando por los jardines de la finca, en lugar de meterse a la cocina.
La verdad, no entiendo si los políticos siguen protestando por principio o por show, pues elevar la Cicig a una instancia regional les permite quedarse con el dulce y el centavo.
Ciertamente, argumentos hay para sostener la propuesta regional: las mafias se han convertido en entidades transnacionales y se necesitan de herramientas que trasciendan fronteras para perseguirlas. En eso estamos de acuerdo.
Sin embargo, creo que esa necesidad no exonera de los retos locales que aún son fuertes.
La Cicig en Guatemala ha tenido luces y sombras. Pese a las fallas, su presencia sigue siendo justificable, sobre todo ante la cooptación institucional que sufren la justicia, la persecución penal y otros órganos contralores.
La posibilidad de que colapse alguna parte de nuestro frágil andamiaje democrático acecha. En casi cualquier escenario donde las contradicciones se exacerben y desborden a la calle –como pasó por ejemplo en el caso Rosenberg—resulta preferible que localmente exista una Cicig, a no tener nada.
En resumen, Biden ha dejado claro que guste o no, la Cicig tendrá que quedarse. La pregunta es si cambia de jurisdicción y mandato. Si me preguntan a mí, la instancia local no debe desaparecer. Las instituciones regionales, mucho me temo, tienen poca incidencia.
