Casi tres meses después de haber tomado posesión, los nuevos magistrados de la CSJ decidirían sobre las solicitudes para despojar de inmunidad a la jefa del MP y el mandatario de la nación.
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A inicios del próximo año, se conocerían en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cinco solicitudes de antejuicio que se han presentado contra la fiscal general, Consuelo Porras, y el presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Tales procesos forman parte de una presa que dejó la anterior magistratura y que, según el departamento de Comunicación del Organismo Judicial (OJ), se empezarían a solventar en enero de 2025.
La información sobre tales procedimientos, así como algunos amparos que también están pendientes de resolverse, se trasladará "toda vez estos hayan sido debidamente notificados a la partes correspondientes", se dio a conocer.
Contra Arévalo
El mandatario es quien tiene más pedidos para ser despajo de su inmunidad, pues hay tres procesos en su contra.
El primero es el interpuesto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso "Corrupción Semilla", relacionado con las supuestas irregularidades para la conformación del partido político, incluidas presuntas firmas falsas y afiliación de personas fallecidas.
Además, contra él pesan señalamientos por la jornada de bloqueos y protestas que se desarrolló en octubre de 2023 en distintos puntos del país.
El abogado Miguel Roberto Balsells López pidió el antejuicio contra el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, el diputado Samuel Pérez y Alejandro Giammattei por su presunta participación en tales actos.
El expediente más reciente contra Arévalo también fue promovido por la FECI, tras la salida de Jazmín de la Vega del Ministerio de Comunicaciones. De acuerdo con la Fiscalía, el mandatario autorizó pagos ilegales a varias constructoras.
Contra la jefa del MP
En el caso de Consuelo Porras, hay dos expedientes que deberán ser resueltos y ambos corresponden a acciones planteadas por el Ejecutivo.
La primera solicitud para retirarle la inmunidad se presentó el 29 de febrero, cuando el jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una querella debido a que Porras se negó a participar en una reunión del Gabinete de Gobierno.
La medida más reciente contra la jefa del Ministerio Público (MP) se promovió en agosto pasado, cuando el mismo Arévalo y miembros de su equipo de trabajo la acusaron de los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
Esto ocurrió después de que Porras solicitara ante la Corte de Constitucionalidad la debida ejecutoria de un amparo en el cual se le protege de ser destituida.
